Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, ha sido imputada por presuntas irregularidades en el plan Rabasa tras tener conocimiento el juez instructor del proceso del informe policial realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Es el segundo encausamiento de Castedo, que también está imputada por presuntos amaños en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar al empresario y constructor Enrique Ortiz.
El proceso arrancó tras la denuncia de la formación Esquerra Unida ante la sospecha de que en el desarrollo del plan Rabasa había indicios de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. El amplio informe policial, según apuntan varias fuentes, no deja lugar a dudas en cuanto a la relación entre los responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y Ortiz y en él se incluyen parte de las escuchas del ‘caso Brugal’, trama relacionada con la adjudicación de las contratas de la basura en algunos municipios de la Vega Baja.
Según publica el diario Información en su edición de este miércoles, además de Castedo también serán citados a declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante el empresario Enrique Ortiz e Isabel Campos, responsable en aquel momento del área jurídica de la concejalía de Urbanismo. También fueron denunciados por EU el ex alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y Enrique Sanús, anterior gerente de Urbanismo.
EU defendió en su denuncia la existencia de una actividad delictiva para favorecer los intereses del empresario en la aprobación del Plan Rabasa y en la llegada a esos terrenos de la empresa Ikea, algo que los informes policiales se han encargado de confirmar.
