Los presupuestos Generales del Estado (PGE), han vuelto a ser la tónica en el debate de los diputados durante el pleno regular de las Cortes Valencianas. La oposición está de acuerdo en que la Comunidad Valenciana ha sido “marginada” nuevamente, en los presupuestos del 2015, tal y como afirmaba el diputado de Compromís, Enric Morera.
El diputado del grupo socialista, Frances Signes, ha ido un paso más allá, señalando durante su intervención que se ha “ninguneado a los empresarios” por la negativa del ministro de hacienda Cristobal Montoro a recibir a los diputados que pretendían presentarle su decálogo. El resto de España ha aumentado un 104% en la repartición de ese presupuesto mientras que la Comunidad recibe un 64% menos que en el 2013. “Pese a que nuestra aportación al PIB nacional es del 9,6%”, señaló.
Por su parte, el síndic del PP, Jorge Bellver, ha destacado que como ya dijo el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, son unos presupuestos «positivos para la Comunitat, pero insuficientes», por lo que «seguiremos peleando para sacar adelante infraestructuras e inversiones fundamentales». No obstante, ha hecho hincapié en que «incrementan en un 26 por ciento las inversiones en la Comunitat».
El PP ha aprobado la proposición no de ley presentada por los socialistas en la que se insta al Consell a dirigirse al Gobierno de España para reclamar las infraestructuras que se incluyen en el decálogo de los empresarios y que exige también que se tomen las medidas presupuestarias convenientes en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para «garantizar» las prioridades fijadas en el documento. Tanto Compromís como EUPV se han abstenido.
Otra de las pegas que se adhieren a la partida de presupuestos es su destinación. El diputado de Compromís, Juan Ponce ha acusado al PP de hacer “políticas de Infraestructuras pero no políticas de transporte.” En esta línea, Víctor Tormo, diputado de Izquierda Unida (E.U) ha señalado que “no queremos más AVE teniendo los de trenes de rodalía como los tenemos”.
Antonio peral, diputado del PP valenciano ha aprovechado las acusaciones para concretar que el corredor mediterráneo estará listo para el 2015 puesto que ya están licitados los 15 contratos necesarios para legitimar su funcionamiento.
Respecto a la proposición de ley presentada por el grupo socialista en la que planteaba modificar la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Comunidad de modo que se redujera de 50.000 a 30.000 las firmas necesarias y se aumentara de 12.000 a 18.000 euros los recursos económicos asignados a los promotores de estas iniciativas, la propuesta ha sido finalmente rechazada mediante los votos en contra del PP (44) y a favor de los tres grupos de la oposición.
El diputado del PP, Rafael Maluenda ha elogiado la propuesta por ser “respetable y loable” y afirma que el partido está dispuesto “a sentarse con la ley delante y negociar”. Algunos matices, como que los ciudadanos entren en las cortes a realizar propuestas no le parece buena idea puesto que “las cortes son del rey” y es el quién conforma la excepción de tener acceso a las mismas.
Compromís por su parte, aprueba “un cambio de modelo”, puesto que lo importante “no es el número de firmas sino lo que hace el poder con ellas” y propone que si el parlamento rechaza una iniciativa legislativa lo que hay que hacer “es preguntarle a la ciudadanía”.