El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión incondicional bajo fianza de 7 millones para los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de la CAM en el Caribe. En un auto, el magistrado les acusa de un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable o, alternativamente, de apropiación indebida y blanqueo de capitales, cuya gravedad, junto al riesgo de fuga y su capacidad económica, justifican la medida adoptada.
Para ilustrarlo, desvela que los empresarios abonaron en un solo mes de 2012 gastos por viajes en avión privado de más de 445.000 dólares, a lo que agrega que disponen de numerosas propiedades en el extranjero y un entramado de sociedades «todavía no suficientemente desenmarañado que les permitiría seguir obteniendo cuantiosos fondos de forma oculta o encubierta con los que vivir cómodamente».
Gómez Bermúdez les ha interrogado después de que los dos imputados, a los que el magistrado ordenó detener en la operación «Mar Nuestro», iniciada el 7 de noviembre, aunque aquel día estaban fuera de España, hayan acudido voluntariamente a declarar.
En esa operación fueron arrestados el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el ex director general de Empresas Daniel Gil, a los que acusó de desviar de 247 millones a un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas y por los que ordenó su ingreso en prisión bajo fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros, respectivamente, que ya abonaron.
Según Gómez Bermúdez, López Abad y Gil desempeñaron un papel esencial en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %. Eso sucedió cuando los empresarios les informaron de su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana.
La estructura fiscal fue creada por Ferri y Baldó mediante una sociedad pantalla, Jacksonport, situada en Curazao, en las Antillas Holandesas, para eludir las obligaciones fiscales en España. Fue posible con el asesoramiento «del despacho Garrigues» y concretamente de Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de esta sociedad para canalizar los beneficios de Valfensal y que fueron utilizados por López Abad y Gil para justificarla ante los órganos de control de CAM.
«Desde el primer momento», sostiene el juez, «planificaron la adquisición de la sociedad Valfensal con el objetivo fundamental de utilizarla como vehículo a través del cual obtener financiación necesaria» para posteriormente transferir el flujo de capital a sus participadas radicadas en el extranjero «sin que la caja obtuviera una contraprestación lógica y equilibrada con dicho pacto».
Una vez conseguido, se concentró en Jacksonport la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México. Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de dólares -247 millones de euros-, afirma el juez, que pone como ejemplo las cuotas tributarias supuestamente defraudadas en 2009, 2010 y 2011, que ascienden a 1,2 millones, 1,3 millones y 2,7 millones, respectivamente. Los imputados decidieron también que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello «conscientemente» la contabilidad.
Por último, en 2010, «aprovechando la difícil situación» de CAM, suscribieron un contrato entre Valfensal y la sociedad Seabreze, por la que esta última se encargaría de la gestión de todos los hoteles del grupo.
Así, facturaron a Seabrezee «en concepto de prestación de servicios una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM».
Pese a que ambos han alegado que el interés económico para CAM estaba en la realización de la participación, el magistrado estima que ello no justifica «ni la defraudación fiscal ni el negocio para la CAM, que durante casi diez años no ha obtenido rentabilidad por su inversión». Además, existen «fuertes indicios» de que los empresarios «tienen cuentas bancarias en Andorra y que podrían haber cometido un delito de blanqueo», concluye.