Diversas organizaciones empresariales y sindicales del sector de distribución de carburante y asociaciones del ámbito de la discapacidad y de consumidores han reclamado este miércoles en Valencia la regulación del funcionamiento de las gasolineras sin personal o «desatendidas», una nueva forma de negocio «que se caracteriza por no disponer de empleados que atiendan al público y que se está extendiendo a lo largo de la Comunitat Valenciana en los últimos meses, como consecuencia de la Ley 11/2013».
Según ha informado la entidad Cocemfe en un comunicado, esta petición se canalizará a través de reuniones con los distintos grupos parlamentarios y con la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con cuyo máximo responsable, Máximo Buch, han establecido los «primeros contactos» para trasladarle la «preocupación» por este tipo de establecimientos.
De este modo, han preparado una campaña de comunicación conjunta, con el objetivo de informar a la sociedad «de los riesgos y perjuicios que entrañan este tipo de instalaciones, como pérdida de puestos de trabajo, discriminación hacia las personas con discapacidad, pérdida de derechos del consumidor y, como consecuencia, una competencia desleal».
«PELIGROS EVENTUALES»
Para ello, las organizaciones sindicales han elaborado unos vídeos en los que se trata de dejar patente «peligros eventuales como el riesgo de incendio, la necesidad de una atención igualitaria a los clientes, el potencial daño al medio ambiente o la pérdida de empleo, sin olvidar la imposibilidad para el consumidor de algo tan elemental como reclamar, corregir o recuperar su dinero ante un servicio defectuoso en el momento del repostaje».
Como consecuencia de lo anterior, han solicitado que el funcionamiento de estas instalaciones sea regulado por la administración y se establezca la obligación de que exista una persona responsable y al cargo de la instalación, con el objetivo de «asegurar una competencia limpia en el sector, velar por la seguridad de todos, evitar la destrucción de empleo, y corregir la discriminación hacia las personas con la movilidad reducida o que, por cualquier otra circunstancia requieran este servicio, como tercera edad o personas solas al cargo de niños de corta edad».
Desde Cocemfe CV han destacado que esta situación ya ha sido regulada en otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla La Mancha, Asturias, Navarra, y más recientemente en Aragón, con normativas que recogen las circunstancias de las personas con la movilidad reducida.
El presidente de Cocemfe CV, Carlos laguna, ha hecho hincapié en la necesidad de salvaguardar los intereses de las personas con discapacidad y sus derechos como consumidores. «Queremos expresar una radical oposición al uso exclusivo de estos nuevos sistemas, puesto que consideramos que no se puede anteponer únicamente los intereses económicos a las necesidades y derechos de las personas», ha subrayado.
El presidente de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio, Juan José Sánchez, ha insistido en que estas gasolineras «desatendidas incumplen una serie de obligaciones legales que implican una competencia desleal hacia el resto de estaciones», y ha destacado que el carburante es «un producto peligroso y contaminante, por lo que se requiere un control y unas medidas de seguridad para el consumidor y el medio ambiente».
«No estamos en contra de una política de bajo precio mientras esté basada en los mismos principios. Lo que no es aceptable es que, aprovechando la inexistencia de empleados y la no aplicación de costes de inversión en seguridad, se aproveche para repercutir en el precio ese ahorro», ha precisado. «Bajo precio sí pero compitiendo con lealtad y en igualdad de condiciones», ha añadido.
Por su parte, desde los sindicatos CCOO y FITAG-UGT, sus respectivos secretarios generales, Javier Galarza y Ramón Morales, han señalado que abaratar el coste del carburante por la vía de eliminar el coste laboral es «algo que perjudica a todos los ciudadanos, en especial, en un contexto de grave desempleo como el actual».