La Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants y las 70 entidades que forman el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud) han denunciado y testimoniado en dos años más de 700 incidencias en la autonomía por la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Entre ellas, contabiliza 79 casos relacionados con la negación de asistencia a menores.
Ambas entidades han apuntado en un comunicado que han sido «dos años de destrucción del derecho a la atención sanitaria» por la aplicación de una normativa que «reformaba los servicios de salud públicos, que dejó a 78.000 personas sin atención sanitaria en la Comunitat Valenciana», de las que «sólo 3.500 han podido acogerse al Programa Valenciano de Protección de la Salud«.
Las entidades, que han convocado una concentración para el domingo en la Plaza de la Virgen de Valencia con el lema ‘Por una sanidad universal, pública y gratuita‘, piden «la eliminación inmediata de este Real Decreto inhumano y la indemnización a todas las personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales poniendo su vida en riesgo«.
En relación con la cifra de incidencias, han señalado que «no son todas las que suceden, son las que conocemos», entre las que cita situaciones relacionadas con personas trasplantadas, mujeres embarazadas, pacientes de medicación crónica (como los enfermos de VIH o enfermos mentales) «y en el límite de lo absurdo en estos dos años se le ha negado la asistencia médica a 79 menores, que en cualquier lugar del mundo deben contar con una protección especial«.
Según estas entidades, dos de cada tres casos corresponden a personas que no superan la barrera administrativa y «no llegan a ser evaluados directamente por personal sanitario». De acuerdo con su denuncia, «la atención primaria es la que ha quedado bloqueada por el Real Decreto, lo que hace ineficaz la atención sanitaria y pone en riesgo la salud pública en su conjunto».
COMPROMISO DE PAGO PREVIO
En este sentido, lamentan que la exigencia de firma de un compromiso de pago previo a la asistencia y la facturación, «sigue siendo un elemento disuasorio para algunos pacientes». De hecho, el 29 por ciento de los casos recogidos en las incidencias se deben a esta cuestión. Según aseguran, «existen pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria. Se trata de un fenómeno muy preocupante, cuya magnitud es difícil de evaluar».
Asimismo, argumentan que la creación del Programa Valenciano de Protección a la Salud hace un año «no ha tenido ningún efecto para mejorar el acceso a la atención sanitaria» y además ha provocado «más confusión entre el personal sanitario y las personas inmigrantes sobre su derecho».
«Las organizaciones sociales hemos denunciado que existe una deliberada falta de información desde los responsables sanitarios», han dicho, y han añadido que la principal consecuencia del Real Decreto y del Programa Valenciano de Protección a la Salud creado por la Conselleria de Sanidad «ha sido la autoexclusión de las personas inmigrantes de la atención sanitaria, incluso en casos de enfermedades graves«.
«El miedo a que una factura sanitaria impagada les impida regularizarse y obtener la tarjeta de residencia les lleva a poner en riesgo su vida«, ha advertido, para lamentar que «con argumentos falsos sobre ahorro sanitario y sostenibilidad del sistema se puso en marcha una medida racista que vulnera los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades de la Constitución, el artículo 43 de la Constitución y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».