La nueva Ley de Administración Local, publicada en el BOE a finales de diciembre, sigue generando dudas en los Ayuntamientos sobre los nuevos servicios que tendrán que cubrir. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, recogió ayer las preocupaciones de los alcaldes en este sentido y apeló al «sentido común» en la aplicación de la normativa.
Las declaraciones de Rus siguen la senda de las reacciones expresadas ya por algunos otros alcaldes de la Comunitat Valenciana. La propia alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el primer edil de Castellón, Alfonso Bataller, transmitieron ayer las dificultades con las que se encuentran los consistorios para hacer frente a servicios que no les son propios.
El MuVIM fue el escenario en el que 450 asistentes (entre alcaldes y otros cargos electos, directivos, diputados provinciales, funcionarios del Estado, catedráticos y profesores universitarios) analizaron el contenido de esta nueva ley y sus efectos sobre la organización administrativa actual.
Tanto el presidente de la Diputación de Valencia como su vicepresidente, Juan José Medina, reconocieron no estar del todo satisfechos con esta normativa. Alcaldes ambos (de Xàtiva y de Moncada, respectivamente), lamentaron que el texto carga a los Ayuntamientos de nuevos servicios sobre los que no se ha aclarado qué administración corre con los gastos.
Todas las entidades locales y consistorios «tenemos más servicios impropios que propios, pero antes de asumir los primeros se debe aclarar quién va a pagarlos. Y cuando aclaren quién los va a pagar, los asumimos como propios. Los servicios (al ciudadano) hay que mantenerlos, pero hay que ver cómo hacerlo», afirmó Rus.
Medina insistió también en la «falta de análisis» del problema de la financiación local en el nuevo texto legal, pero se mostró confiado en que el Gobierno y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo abordarán en el futuro». En esta cuestión tienen también un papel importante las administraciones autonómicas, en este caso la Generalitat. A ella pidió el vicepresidente de la Diputación que pague «lo que deben a los ayuntamientos, para que éstos jueguen de una vez por todas el papel que deben y dejen de vivir sólo de las subvenciones».
Algo que tanto Rus como Medina valoraron de la nueva ley es el papel que otorga a las diputaciones provinciales. La valenciana, en concreto, participó en la elaboración de la norma con la llamada Declaración de Valencia en la cumbre de diputaciones, cabildos y consejos insulares, texto que después sería adoptado como documento marco por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para negociar en este ámbito.
La nueva Ley de Administración Local amplía las competencias de las diputaciones. Por ejemplo, ahora podrán absorber o mantener los ayuntamientos con problemas financieros. También reforzarán la coordinación de determinados servicios mínimos en los municipios con menos de 20.000 habitantes para garantizar la cooperación intermunicipal. Asimismo, podrá incentivar la fusión voluntaria de municipios para ganar efectividad en la prestación de servicios.
Para coordinar todas estas actuaciones, la Diputación de Valencia anunció la creación de una oficina virtual de información donde resolver las dudas de los ayuntamientos, centralizar y actualizar toda la información relativa a la ley. Además, la Comisión Técnica provincial creada hace más de un año continuará en funcionamiento e indicará directrices de ayuda a las entidades locales.