Vía libre para la reforma de las Cajas de Ahorro

Hoy se ha aprobado el proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorros Valencianas, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio. Así, el pleno del Consell ha ratificado finalmente la reforma de las cajas de ahorro  que refuerza el componente de «profesionalización» que se exige a los órganos de gobierno.

Las modificaciones introducidas en este proyecto afectan tanto a la actividad de las cajas de ahorros como a su estructura, organización interna y funciones, y suponen una redefinición de las cajas de ahorros, a la vez que contempla una limitación a su ámbito de actuación, tanto territorial como funcional.

Por lo que respecta a los órganos de gobierno, «se refuerza considerablemente el componente de profesionalización» exigible a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas, y para ello entre otros aspectos, se introduce la figura del consejero independiente.

Además, se incrementan los requisitos de idoneidad para todos los miembros del consejo y de la comisión, así como para los directores generales o asimilados, para responsables de las funciones de control interno, y para quienes desempeñen puestos clave en la actividad diaria de la caja, adoptando así unas exigencias similares a las que existen en las entidades bancarias.

También se reduce el porcentaje de participación de las administraciones públicas en la configuración de la asamblea general y se aumenta paralelamente el peso de la representación de los impositores, los cuales se consolidan como grupo hegemónico en la asamblea general.

Por otro lado, se introduce una nueva incompatibilidad consistente en que no podrán ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros quienes desempeñen cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial u organización sindical.

También se elimina la representación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las cajas, debido al nuevo régimen que la normativa básica establece para las cuotas participativas, que tienden a su desaparición.

 

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