La entidad Xúquer Viu ha criticado este jueves las recientes declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el vicepresidente del Consell, José Císcar, y la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, sobre el nuevo Plan del Júcar, y les ha acusado de defender «los intereses del lobby del agua de Alicante» al tiempo que les ha reclamado «respeto«.
A su juicio, las declaraciones de los responsables autonómicos son «completamente inaceptables para todos aquellos sectores que trabajan por el futuro de nuestro río y representan un insulto para regantes, ecologistas y la sociedad civil de la Ribera».
Al respecto, ha criticado que Císcar, cuando dice que el ahorro en la Ribera por la modernización de regadíos permitirá atender en otras zonas como la del Vinalopó, «se quita la careta» y reconoce «claramente» la denuncia realizada por Xúquer Viu de que este ahorro «irá a Alicante para el negocio y la especulación«.
Según la entidad, este aspecto fue introducido en el Plan del Júcar, recientemente aprobado, «sin tener en cuenta que al sustituir el riego a manta por el riego a goteo, se tendrá que compensar la pérdida de caudales del Júcar y de la Albufera». «Si no se produce esta compensación de caudales los daños de los ecosistemas relacionados con el río y el lago serán muy graves«, ha advertido.
Por ello, sostiene que una parte «importante» del ahorro de la modernización de los regadíos «tiene que destinarse al Júcar y a la Albufera». Asimismo, ha recalcado que el Plan del Júcar «ha sido el que más oposición ha despertado tanto en el Consejo del Agua del Júcar cómo en el Consejo Nacional» donde sindicatos, grupos ecologistas y otros representantes votaron en contra y los regantes de la Ribera se desplazaron a Madrid «para dejar clara su oposición».
«CORTINA DE HUMO»
Por otra parte, la entidad ha cuestionado las declaraciones de Fabra quien, en una visita a l’Alcúdia, apeló a la «solidaridad» para «pedir que un río sobreexplotado y sin recursos atendiera las necesidades de otras zonas». «En realidad, el recurso a la solidaridad es una cortina de humo para atender al lobby del agua de Alicante, que quiere hacer negocio con el agua del Júcar con la complicidad de la Generalitat Valenciana», ha recalcado.
A su juicio, Alicante «no tiene ninguna necesidad» de agua potable, puesto que con la finalización del plan de desaladoras previsto, «se habrán invertido más de 500 millones de euros en la provincia y se dispondrá de un volumen de agua superior a los 100 hm3 para el suministro urbano». «Este volumen, equivalente al consumo de cuatro ciudades de la medida de Alicante, cubrirá de sobra las necesidades de los municipios del litoral», ha mantenido.
En relación con Bonig, denuncia que en una reunión con el PP de la Ribera Baixa calificó el trasvase desde Alarcón como una buena solución. «La Ribera no aceptará ningún nuevo trasvase ni desde Cortes, ni desde Antella, ni desde Alarcón. El único posible y aceptado es el de la Marquesa, al final del río, para atender necesidades agrícolas», ha incidido.