Ecologistas en Acción exige la elaboración y puesta en práctica de planes contra el ozono en más de 50 zonas afectadas y señala que doce comunidades, entre ellas la Comunitat Valenciana, deben adoptar medidas estructurales sobre el tráfico y las centrales térmicas para mejorar el aire que respira la mitad de los españoles.
Para ello, ha anunciado que está registrando formalmente peticiones a las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco para que pongan en marcha los planes de reducción de ozono, cumpliendo con su obligación legal y con la finalidad de evitar que esta lamentable situación se repita este verano y en años próximos.
En concreto, denuncia que en 50 de las 135 zonas en que se divide España incumplieron entre 2013 y 2015 el objetivo legal de protección de la salud establecido. Se trata de zonas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, con un total de 21,7 millones de habitantes, cerca de la mitad de la población.
De estas comunidades autónomas, el ozono ha afectado a «la totalidad» de Castilla-La Mancha y de Madrid, que son las más afectadas a consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid, que además de perjudicar la salud de los más de seis millones de personas que viven en la región, afecta de manera grave a tres millones de habitantes de ambas Castillas y Extremadura, al norte y sur de la Cordillera Central.
Según la organización, el segundo gran foco de contaminación por ozono en España está en el litoral mediterráneo, desde Gerona hasta Almería, pasando por la Comunitat Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, donde esta contaminación, ocasionada por el alto grado de urbanización de la costa, afecta a cerca de seis millones de personas, especialmente en las áreas de interior.
Las zonas restantes afectadas por los altos niveles de ozono se reparten en el interior de Andalucía y sur de Extremadura y el valle del Ebro, desde Aragón hasta la ribera Navarra y vasca, donde habitan en conjunto otros siete millones de personas.
En concreto, el valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, que no deberá superarse en más de 25 días cada año, de media en un periodo de tres años.
Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se ha superado el objetivo legal de ozono son casi un centenar de las 500 que miden este contaminante en España.
Según la Ley estatal de calidad del aire, las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas.
Según explica, esta es una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central.
Requisitos
La organización considera que estos planes deben incluir una reducción del intenso tráfico urbano e interurbano; mantener un modelo de ciudad compacta y promover los medios de transporte colectivos limpios así como no motorizados, como la bicicleta o la marcha a pie. Además, estima que se deben cerrar progresivamente las grandes centrales térmicas y sustituirlas por renovables.
La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados el pasado verano. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y parques urbanos y reduciendo la productividad de los cultivos.