La retirada del trencadís del Palau de les Arts ha finalizado este lunes, antes de lo previsto, y los esfuerzos se centran ahora en que el edificio de Calatrava luzca la mejor cara posible para su reapertura el próximo domingo con la puesta en escena de ‘L’italiana in Algeri’, de Rossini.
Desde la Conselleria de Economía aseguran que ahora «únicamente se sigue trabajando en el despegado del adhesivo que estaba más adherido a la superficie metálica en determinadas zonas de la cáscara y el pilono, la pieza metálica de arranque de la cubierta». Al mismo tiempo van a comenzar las pruebas de las diferentes propuestas realizadas para el saneado y acabado de la fachada. Para ello se realizará la primera de las muestras de chorreado y pintado de una pequeña superficie metálica, aunque esta no será la solución definitiva.
De hecho, de forma paralela, siguen en proceso de estudio otras propuestas que también se probarán cuando estén definidas, todo ello de forma previa a la decisión del acabado final de las fachadas o cáscaras, que habrá de contar con el visto bueno de la propiedad, según estas mismas fuentes.
A causa de la caída de parte del trencadís se decidió la cancelación de la ópera ‘Manon Lescaut’, programada inicialmente para la primera quincena de febrero y que ahora abrirá, el 9 de diciembre la próxima temporada lírica del coliseo valenciano.
El grupo socialista en las Corts ha pedido la comparecencia del conseller de Economía, Máximo Buch, y de la titular Cultura, María José Català, para que expliquen «el coste y los motivos» que llevaron a suspender la ópera.
El diputado socialista y portavoz de Cultura, Juan Soto, tiene previsto preguntar «si hubo alguna circunstancia política o personal, como un viaje o un crucero, que pudo contribuir a suspender de forma precipitada esta ópera», así como «el coste total de la suspensión de la ópera, teniendo en cuenta que ascendía a más de 600.000 euros, y si su cambio en la programación obligará a pagar indemnizaciones, así como si podrá alegarse causa de fuerza mayor y cuál es en ese sentido el criterio de los servicios jurídicos de la Generalitat que están elaborando un informe al respecto».