La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, pondrá en marcha de un plan de choque para solucionar la situación de atasco del Gabinete Psicosocial de los juzgados de Valencia en cuatro meses como máximo. Tras reunirse con la directora general de Justicia, Mª Àngels García y con el decano del Colegio de Psicólogos, Francisco Santolaya Ochando ha hecho este anuncio.
Los tres han acordado que la actuación para poder dar salida a los 329 informes que hay pendientes de hacer, y que causan el largo tiempo de espera de los juzgados que necesitan el trabajo de este equipo técnico, oscile actualmente entre los nueve meses y los doce.
La titular de Justicia asegura que esto es una situación que «en esta conselleria nos preocupa mucho, ya que se trata de informes que afectan a familias en proceso de separación y a menores que se encuentran en una situación muy vulnerable. Son temas de una gran sensibilidad que tienen que emitirse con prontitud». Y ha apuntado que «el objetivo es que el plazo de emisión de los informes se rebaje, porque el actual nos parece excesivo».
Dicho plan de choque será efectivo cuando se realice la firma del convenio que en los próximos días sellarán la conselleria y el Colegio de Psicólogos de Valencia. Ahí se fijarán los criterios para elegir a los profesionales que se encargarán de llevar a cabo esos 329 informes pendientes.
En las próximas semanas se volverán a verse ambos organismos de para reestructurar el turno de oficio por el cual los psicólogos intervienen tanto en los procesos de familia como en otro tipo de asuntos por decisión del juez encargado. Esta revisión también actualizará la remuneración del trabajo de los profesionales, que lleva congelado desde el 2001 por el cual perciben 90 euros por informe.
La consellera ha recalcado que «para no caer en la misma situación en un futuro, habrá que abordar medidas estructurales en el gabinete». Y ha terminado diciendo que «la calidad del servicio debe ser la máxima, queremos contar con profesionales con experiencia y que estén trabajando en el marco de la justicia del menor y de los problemas de las relaciones paterno-filiales».