El Ayuntamiento de Valencia se ha comprometido a trabajar por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y a instar al Gobierno central a la clausura de estos establecimientos.
Esta decisión se ha tomado tras la reunión que ha tenido el concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración, Roberto Jaramillo, con los representantes de la plataforma integrada por más de 30 organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en Valencia e impulsoras de la campaña al cierre de los CIE.
El concejal se ha hecho eco de las reivindicaciones de esta Campaña que lucha para terminar con la represión de las personas migrantes y lograr el cierre de los CIEs, “donde la situación de las personas internas es infrahumana y atenta contra la dignidad”. Esta campaña lleva más de 5 años con reivindicaciones y acciones para lograr el cierre de estos centros y más concretamente el de la calle Zapadores de Valencia.
“Oscurantismo”
Ante esta situación el concejal ha señalado: “El oscurantismo sobre lo que allí ocurre, la indefensión de las personas presas que son expulsadas antes de poder acceder a procesos de justicia y la impunidad que la situación genera obliga a un Estado que se quiere de Derecho, a cerrar estos centros de la vergüenza»,
Del mimo modo ha querido manifestar “el compromiso de las fuerzas de progreso que forman el gobierno de la ciudad que han apoyado esta lucha desde el inicio, porque no podemos tolerar que en una ciudad como Valencia se lleven a cabo prácticas que claramente están en contra de los Derechos Humanos”.
“Así, obedeciendo al mandato de la ciudadanía instaremos al gobierno central para que cierre estos espacios y declararemos Valencia territorio libre de racismo, redadas racistas y CIEs. Trabajaremos para que esta ciudad sea una ciudad refugio, donde todas las personas que viven y trabajan en Valencia tengan las mismas condiciones y estén en igualdad de derechos», ha asegurado Jaramillo.
Además, Roberto Jaramillo ha expresado su “malestar y preocupación” por el informe emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el que se suspende al Estado español por no cumplir con las obligaciones del Pacto Internacional.
Texto: Mariola Roselló