El juez del ‘caso Imelsa’ ha citado al concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y a otras dos personas, entre ellos un asesor del grupo municipal, investigados por blanqueo de capitales, para que declaren este miércoles a partir de las 09.30 horas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.
Los tres declararán como investigados -figura que con anterioridad recibía el nombre de imputado- en la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana dentro de la ‘Operación Taula’, derivada del caso Imelsa. En los próximos días, además, será citada como investigada una cuarta persona, que, al igual que Novo, figura como autorizada para disponer de las cuentas de la agrupación local del PP.
Así mismo, a los concejales, exediles y asesores del PP que han estado declarando desde el pasado viernes ante la Guardia Civil, los agentes les han entregado citaciones para que comparezcan también ante el juez.
En el caso del viernes, cuando estaban en las dependencias de la Benemérita, de manera previa a su declaración, se les informó de que comparecerían también en los próximos días ante el juez por los mismos hechos. Esto hizo que algunos de ellos optaran por no declarar ante la Guardia Civil y hacerlo directamente ante el instructor.
Todos ellos abandonaron las dependencias del cuartel de Patraix con la citación para declarar ante el magistrado, unas comparecencias que comenzarán la próxima semana, según han indicado fuentes conocedoras de la situación. Asimismo, en esta jornada ha acudido hasta la Comandancia el exconcejal de Alumbrado y Fuentes Ornamentales del Ayuntamiento de Valencia Juan Vicente Jurado, quien ha explicado a su salida que no ha declarado porque quiere hacerlo «directamente ante el señor juez».
Según un comunicado del TSJCV, la investigación se centra en Imelsa, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.
La semana pasada fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del PP en la provincia, Alfonso Rus; el exvicepresidente de la corporación provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado en las Corts, David Serra; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento María José Alcón; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos; el exalcalde de Genovés y ex jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el consistorio, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.
Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del grupo popular.
Medidas cautelares
Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, Llopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el ministerio público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos los arrestados quedaron en libertad provisional y mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales
El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros, con el objetivo de garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.