Operación Taula contra cargos del PP

EU emplaza a Ribó a constituir una comisión de investigación sobre los contratos de Taula

EUPV emplaza al gobierno municipal a que constituya una comisión de investigación sobre los contratos cuestionados dentro del “caso Taula”. La coordinadora de EUPV Rosa Albert, ha recordado el compromiso adquirido por todos los partidos políticos progresistas que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del pasado año, en el sentido de garantizar que todas aquellas contrataciones que estuvieran bajo sospecha respecto al cumplimiento de la legalidad en el procedimiento de su adjudicación iban a ser revisadas. “ Además de la documentación aportada por EU a la fiscalía y que dio orígen al inicio de la investigación del caso Taula, hay que añadir las informaciones surgidas en varios medios de comunicación que aumentan el número de contratos que se encuentran cuestionados” “Es por esto que no entendemos como no se ha procedido todavía a cumplir con ese compromiso electoral que además fue una exigencia muy demandada por la ciudadanía” ha declarado Albert

Para Albert” hasta ahora nos hemos encontrado con mayorías absolutas que impedían la creación de estas comisiones y en casos como el de Taula, la comisión que ha iniciado en el día de hoy su actividad, prácticamente no va a aportar nada, entre otras cuestiones porque las personas que han sido llamadas a prestar declaración no van a acudir”.»Desde EUPV, por lo tanto apostamos por cumplir con nuestros compromisos y por lo tanto como es absolutamente necesario y posible constituir una comisión de estas características vamos a pedir al alcalde de Valencia que cumpla con sus promesas y tome esta iniciativa” ha finalizado, haciendo alusión directa a Joan Ribó.

Contratos amañados

La macrorredada contra la corrupción de la operación Taula, que la Guardia Civil desarrolló hace dos semanas en la Comunidad Valenciana, ha sacado a la luz múltiples ramificaciones de una «organización criminal», jerarquizada y con conexiones internacionales, que habría amañado multitud de contratos públicos de diversas administraciones a cambio de comisiones que oscilaban entre el 2% y el 3%.

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