La Comunitat Valenciana es la autonomía peor calificada de España en gestión del sistema de atención a los dependientes, según el XV Dictamen del Observatorio de la Dependencia. La entidad señala que a fecha julio de 2015, suspende con una valoración de un 1,25 situándose a la cola. Las autonomías con mayor puntuación son Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50).
El informe señala que la Comunitat es «la que peor datos presenta en todos los indicadores oficiales de gestión» y reprocha que «no ha activado ni un solo servicio de ayuda a domicilio en el marco del Sistema de Atención a la Dependencia en ocho años» con una larga lista de espera y concluye que «la nefasta gestión y falta de inversión lastra claramente las posibilidades reales de atención del sistema en la Comunitat Valenciana».
El 30 de junio de 2015 habían 91.894 solicitudes, 7.889 menos que a 1 de julio de 2014 y que la personas valoradas son 89.447. Las personas con derecho a prestación se cifraban el pasado mes de junio en 52.044 y las atendidas en 41.337. En cuanto a los servicios entregados en un año han disminuido un 1,10 por ciento, al pasar de 26.882 en julio de 2014 a 26.585 el junio pasado.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado que están estudiando presentar un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para forzar al Gobierno central a aportar los recursos necesarios para «cumplir la Ley de Dependencia», particularmente en lo referente a la atención a los dependientes moderados, pero que no se planteará la demanda hasta enero del año que viene.
En total, sumando las 130.694 personas dependientes con derecho pero desatendidas a las que se han incorporado desde el pasado mes de julio, el número de personas en esta situación se sitúa en una cifra cercana a las 445.000 personas.
Según ha explicado Ramírez, el actual nivel de financiación supone una «asfixia» para las comunidades que «se ven obligadas» a compensar la falta de aportaciones por parte del Estado, lo que da lugar a «desigualdades» en el desarrollo del SAAD según la comunidad autónoma.
En este sentido, ha calificado de «fraude» el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno para 2016 y que finalmente se quedará en 70 millones de euros, por lo que a ese ritmo de incremento, «se tardaría 25 años en llegar a atender a todas las personas con derecho a prestaciones» y ha acusado al Ejecutivo de «haber hecho una canallada al levantar expectativas».