La Generalitat Valenciana ha encontrado en un almacén un total de 375.000 ejemplares de hasta 2.100 libros editados por instituciones, consellerias y empresas públicas, y relacionados con quienes fueron altos cargos como el propio expresidente Francisco Camps o la exconsellera de Agricultura Maria Àngels Ramón-Llin. Material que se ha estado «pudriendo en los últimos 20 años en ese espacio”, según han informado en rueda de prensa el director general de Relaciones con las Corts, Antonio Torres, y el director general de Administración Local, Antoni Such.
Para evitar esta situación, la Generalitat distribuirá algunos de los ejemplares en lotes a bibliotecas públicas de la Comunitat y cambiará la política de publicación para que no se editen libros «solo para que altos cargos pasen a la posteridad aunque no los compre nadie». Así lo han anunciado ambos directores generales en la presentación de la colaboración de la Generalitat con las bibliotecas municipales para los próximos años.
Los libros, que van desde recetarios a manuales de leyes, han sido publicados por la Generalitat en las dos últimas décadas y «muchos se han publicado para llevarlos directos de la imprenta al almacén», ha lamentado Torres.
Para Such, la intención era editar libros “para pasar a la posteridad aunque luego no los comprara nadie». Entre ellos, Torres ha apuntado la existencia de hasta 65.000 ejemplares de un libro de recetas de cocina «con la única explicación de que la introducción la firmaba Llin»; 5.700 de ‘Bienvenido Mr. Marshall’ o 2.500 de un ‘Tirant lo Blanch’ con prólogo de Camps.
A su juicio, son libros «descatalogados sin sentido y con un valor incalculable que están pudriéndose en los almacenes sin ninguna salida». Además, ha denunciado una tirada de 35.000 ejemplares de cuadernos del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) con un coste total de 90.000 euros, o de 1.500 libros del escultor Julio González, de los que solo se han vendido diez porque cuestan 300 euros cada uno.
De hecho, el director general ha indicado que «libros con un valor inicial de 40 euros se han puesto a la venta por ocho euros, como ‘La casa de Borbón. Ciencia y técnica en la España ilustrada’. «Se trata de un derroche que tiene muy poco sentido si no da un servicio a la ciudadanía», ha manifestado.
El futuro del material
Junto a estas publicaciones, correspondientes a instituciones como la Biblioteca Valenciana y distintas consellerias, sindicaturas, empresas y fundaciones públicas, la Generalitat ha encontrado 12.000 mapas de infraestructuras, 2.800 de carreteras valencianas y 7.500 manuales de funcionariado público «totalmente obsoletos», que serán destruidos «una vez comprobado que no sirven para nada».
Todos estos libros están actualmente en un almacén del polígono de Riba-roja (Valencia), dependiente de la empresa concesionaria de Correos, Loginser, en «900 palets con un coste mensual de 4.500 euros. Como ha explicado Torres, este almacenamiento se renueva cada dos años y en mayo de 2016 se decidirá «dónde irán a parar».
Mientras, la Generalitat ha ofrecido a todos los ayuntamientos valencianos lotes de 60 libros de este catálogo por un valor de 1.300 euros cada conjunto, para que sean distribuidos en las bibliotecas públicas. Hasta el momento, este programa de distribución ha recibido 244 peticiones de municipios de un total de 552, de los que 94 ya han recibido los lotes, aunque podrán sumarse más consistorios.
Asimismo, todas las publicaciones con alguna utilidad se distribuirán tras una criba a través de las tres librerías Llig de la Generalitat en cada provincia, en su servidor online y en las Llig de las ferias de libros.
El descontrol del gobierno del PP
Para el director general de Relaciones con las Corts, esta situación responde a una política «errática y sin control» en las publicaciones de libros por las anteriores corporaciones autonómicas, que, según él, «optaron por externalizar las tiradas públicas de libros incluso a empresas de Madrid, cuando en Valencia hay editoriales y en la Generalitat técnicos encargados de maquetación».
Torres ha avanzado que, a partir de ahora, todos los ejemplares editados por administraciones públicas pasarán por la comisión», que se activará a partir de enero». Este organismo, además, dirigirá la venta a kioscos virtuales para dispositivos móviles para así no malgastar los 60 euros que cuesta editar cada libro en papel, con tiradas más cortas y únicamente a cargo de los técnicos de la Generalitat, sin recurrir a empresas externas.