La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha subrayado este viernes que durante sus 24 años al frente del Ayuntamiento no se ha «amañado ningún contrato» que ella sepa, ni tampoco hubo «ninguna mordida para financiar ilegalmente nada» y ha asegurado que está dispuesta a colaborar con la Justicia. «Después de 24 años de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia no se ha amañado ningún contrato, lo digo y lo repito, que yo sepa no se ha amañado ningún contrato ni ha habido ninguna mordida ni ninguna desviación para financiar ilegalmente nada», ha dicho en declaraciones a la Cadena Cope.
Barberá ha recalcado que ella está dispuesta a colaborar con la Justicia y a respetar las resoluciones judiciales, pero se ha declarado «tremendamente asombrada y sorprendida» por lo que esta leyendo, porque parece que el secreto de sumario no se aplica y por la «avalancha de acusaciones» que parecen haberla «condenado mediáticamente».
Además, ha afirmado que está asistiendo a la ‘operación Taula’, en la que han sido detenidos varios excargos del PP y excolaboradores suyos, «con mucho dolor por el sufrimiento que se está produciendo» y que hasta ahora ha querido «mantener un discreto silencio».
En ese sentido, se ha mostrado sorprendida porque en «un ‘totum revolutum’ total» se haya mezclado el Ayuntamiento de Valencia con el ‘caso Imelsa’ -por el que ya se investigaba al expresidente de la Diputación y del PP provincial, Alfonso Rus-. La ex alcaldesa ‘popular’ ha querido destacar que en el Ayuntamiento los contratos los adjudica la mesa de contratación, formada por altos funcionarios cuya «honorabilidad y profesionalidad» hay que respetar, y que, por decisión del equipo de Gobierno, tenía un carácter «fundamentalmente técnico».
«Le aseguro a usted de la alcaldesa no ha adjudicado un contrato a dedo en su vida, que no ha habido ninguna mordida ni ningún amaño en el Ayuntamiento de Valencia», ha insistido. Tampoco se ‘inflaban’ los contratos para repartirse el sobrante, ha asegurado.
Declaran concejales y asesores del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia
Concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, así como asesores, se encuentran ya en las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil en Patraix, donde han acudido a declarar en relación a aportaciones económicas realizadas al partido.
En un principio, y en el marco del caso Imelsa y la Operación Taula, quedó imputado -investigado, según la nueva terminología de la Lecrim- el portavoz de esta formación en el consistorio y presidente del PP en la ciudad, Alfonso Novo, y el asesor Luis Salom. Así mismo, fueron detenidas otras personas relacionadas con la corporación municipal, como la exconcejala de Cultura María José Alcón; su asesor, Pedro Aracil; y la secretaria del grupo, María del Carmen García Fuster.
Ahora, además, la Guardia Civil ha citado en calidad de investigados -y como han confirmado algunos de los representantes populares a su entrada al cuartel- a decenas de ediles y asesores del PP. En este momento, ya han llegado a declarar, entre otros, la portavoz adjunta Maria Àngels Ramon-Llin, y los concejales Félix Crespo, Lourdes Bernal, Vicente Igual, Beatriz Simón, Cristóbal Grau y Alberto Mendoza.
También, los exdiles Ana Albert, Silvestre Senent -expresidente además del PP en la ciudad- y Vicente Aleixandre y los asesores Julio Valero, Cristina Montalbá y Nuria Diego. A su entrada al cuartel, Ramon-LLin ha insistido, a preguntas de los medios, que a ella no le devolvieron el dinero que voluntariamente aportó al partido. Y ha agregado que debe estar preocupados aquellos a los que sí se lo devolvieran.
Las aportaciones no son ninguna novedad
Esta concejala popular ya explicó ayer que «no es una novedad» que «todos los miembros del grupo ‘popular’, desde hace tiempo», aportan «una cantidad de 60 euros mensuales» a la formación. «Creo que es una cuestión que se realiza por cualquier cargo público de cualquier formación política», añadía, al tiempo que apuntaba que «en un momento determinado de la campaña electoral se aportaron 1.000 euros» y que esto «ya está como algo absolutamente normal» y «sin más trascendencia».
Subrayó, preguntada por si esos 1.000 euros «se devolvieron en billetes», que a ella no se le hizo devolución. «A mí no se me devolvieron y no tengo constancia de que eso se produjera», según Ramón-Llin. Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha avisado de que, si tras la declaración ante el juez, Alfonso Novo sigue imputado y se mantiene «la gravedad de los hechos» que se están conociendo, el edil «tendrá que dejar su acta».
Acerca de la posibilidad de nombrar una gestora para dirigir el partido en la ciudad de Valencia, la responsable ‘popular’ ha reconocido que es «una de las posibilidades» que están estudiando pero que no hay aún una decisión tomada porque, además, antes de tomarla quieren hablar con las bases. A su juicio, el partido «necesita un revulsivo importante en una ciudad que representa muchísimo» para el PP.