Transparencia reúne a la Comisión de Codificación de Derecho Civil Valenciano para realizar una propuesta conjunta que reivindique el derecho civil propio

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La convocatoria de la comisión se produce tras las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que invalidan diferentes leyes aprobadas por Les Corts en desarrollo del derecho civil foral valenciano

 La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación reúne este martes en Alicante a la Comisión de Codificación de Derecho Civil Valenciano para realizar una propuesta conjunta en esta materia que permita elaborar y desarrollar parte de su derecho civil.

Para ello, se debatirán las vías para explorar las posibles opciones jurídicas que permitan garantizar la competencia de Les Corts y el Gobierno valenciano a la hora de legislar y desarrollar el derecho civil propio en virtud del ejercicio de las competencias en materia de autogobierno.

Cabe recordar que la convocatoria de la comisión, órgano institucionalmente creado y formado por juristas para obtener el asesoramiento adecuado y necesario en esta materia, se produce tras las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que han invalidado diferentes leyes aprobadas por Les Corts en desarrollo del derecho civil foral valenciano.

En este sentido, el panorama legislativo actual obliga a estudiar las vías jurídicas posibles para reivindicar la competencia de la potestad legislativa en materia de derecho civil.

Los ayuntamientos, diputaciones, asociaciones de abogados y otros sectores de la población civil, así como los partidos políticos, instaron al Gobierno Central a retirar los recursos de inconstitucionalidad de estas tres leyes. El Ejecutivo del PP se negó, aduciendo que consideraba una “imprudencia” su retirada si había informes jurídicos de la Abogacía del Estado contrarios a las mismas. Dada la inacción del Gobierno, el recurso prosperó y el TC ya ha suspendido dos de las tres leyes recurridas: la Régimen Económico Matrimonial y Uniones de Hecho. Ahora se espera que el tribunal se pronuncie sobre la ley de custodia compartida entre septiembre y octubre.

La suspensión, matizan desde la AJV, se realiza porque el Constitucional considera que la Comunidad Valenciana no tiene competencia para realizar estas leyes, no por el contenido de las mismas. Esto supone, en opinión de los juristas, una injusticia clara porque supone que los valencianos no pueden legislar sobre su derecho civil de la misma forma que en los últimos años lo han hecho los catalanes, los gallegos o los vascos.