El juzgado de Primera Instancia número 3 de la localidad alicantina de Orihuela ha imputado a la exalcaldesa de Orihuela –actual concejal y diputada provincial- Mónica Lorente por la adjudicación del contrato de concesión de obra pública del proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la zona XVII -comarca de la Vega Baja- de la Comunidad Valenciana. Se trata de un presunto delito de tráfico de influencias.
Lorente (PP) ha sido citada a declarar como imputada el próximo 13 de febrero (10 horas), según consta en la resolución -contra la que cabe recurso-, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La Fiscalía imputa a Lorente un delito de tráfico de influencias al actuar como «intermediadora» entre el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y «en favor de los intereses económicos de Ángel Fenoll».
El ministerio público pidió la imputación de la exalcaldesa y actual concejal en el Ayuntamiento oriolano y diputada provincial en base a unas declaraciones en televisión en las que confirma la ubicación del Plan Zonal en una finca propiedad del empresario. Según la transcripción de las declaraciones, Mónica Lorente afirmó que «para que no haya confusión, la ubicación está en la carretera de Torreagüera, muy cerca de la finca Las Pistolas».
Ante esas declaraciones, entiende el ministerio fiscal que «atendiendo a los indicios existentes en la causa, se constata indiciariamente que Mónica Lorente Ramón», en calidad de alcaldesa de Orihuela y vicepresidenta Portavoz de la Diputación Provincial de Alicante, «tenía conocimiento, con la única finalidad de actuar en interés económico de los dos empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll» de la ubicación definitiva de la planta en Torremendo finca las Pistolas.
Remarca, además, que todo ello «a pesar que en un primer momento se adjudicó el contrato de concesión de la obra pública del Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona XVII de la Comunidad a favor de la UTE Ortiz Gestión de Residuos Urbanos SA y Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras SA».
Argumenta que se habilitaron varias soluciones y que fue en la modificación posterior del Proyecto de Gestión presentado por la adjudicataria y «aprobado en Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2008 cuando se aprobó el cambio de ubicación a la finca La Ermita, de Torremendo, ubicación coincidente con las fincas adquiridas por Ángel Fenoll en abril de 2007 para la ubicación de su planta».
EL OTRO IMPUTADO, EL EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ
No obstante, al conseguir la adjudicación «el otro imputado» -Enrique Ortiz-, «se modificó la ubicación para que también se beneficiara el imputado Ángel Fenoll, menospreciando todos los intereses generales, y sin tener en cuenta que esta última ubicación, ya en informe de la Comisión Técnica de 7 de junio de 2007, se consideraba no apta orientativamente para el Plan Zonal por ubicarse en suelo forestal y geológicamente inadecuado, considerando la comisión que en caso de resultar adjudicataria esta propuesta, difícilmente podía prosperar la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada ante la Conselleria de Territori i Habitatge por las vigentes figuras de protección ambiental de la zona en cuestión», y ello, «a pesar de la modulación de su criterio por parte de la Comisión Técnica en posterior informe de 30 de septiembre de 2008».
En ese informe, relativo a la «solución variante 2», que presentó Enrique Ortiz, «se localizaba en la finca La Ermita» que venía a coincidir «parcialmente» con la oferta presentada por Fenoll. Finalmente, «atendiendo a las diferencias de diseño en la implantación de las instalaciones y sin tener en cuenta el suelo se consideró válida la solución». «Todo orquestado para el único beneficio económico de los dos empresarios», mantiene la Fiscalía.
FOTO: DIPUTACIÓN ALICANTE