El coportavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Gandia, el socialista José Manuel Prieto, ha anunciado en rueda de prensa que el ejecutivo local se personará en las diligencias previas que se instruyen en el juzgado de Instrucción número 3 de Gandia en dos asuntos por presuntos delitos contra la administración pública.
Por una parte, en una causa abierta por un presunto delito contra la administración pública en relación con el procedimiento de licitación para la prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva en Gandia, en la pasada legislatura, por una «inyección económica de más de 6 millones de euros».
Según Prieto «estamos hablando de una cantidad cifrada por el juzgado de al menos 6.777.000 euros en perjuicio a la hacienda municipal, justificación suficiente para que nos personemos como Ayuntamiento. Entendemos que se actuó de manera muy irresponsable con el dinero de todos los ciudadanos». Este procedimiento «no lo abre el ayuntamiento, sino que sigue la estela de una denuncia interpuesta por el PSOE en la anterior legislatura», según Prieto. El socialista ha añadido que el consistorio se persona como «institución afectada» por esta causa.
La causa denunciada son las subvenciones otorgadas a dos televisiones privadas por dotar de contenidos de «interés general» a la ciudad. Esta subvención de tres millones de euros para tres años fue concedida el 13 de diciembre del año 2011 a ‘Comarques Centrals Televisió’ y a los anteriores propietarios de ‘Inversiones Especiales del Mediterráneo’.
El gobierno de Gandia se personará, por otra parte, en otras diligencias abiertas en los juzgados por la «concesión irregular de un préstamo u operación de tesorería a IPG por importe de tres millones de euros» en la pasada legislatura. Desde el gobierno local pretenden conocer si a través de esta operación se ha producido algún perjuicio a las arcas municipales. En ambos casos, el actual gobierno se presenta «no por poner en marcha una persecución como pretende hacernos creer el PP de la ciudad, sino porque está previsto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales aprobado por Real Decreto».
«Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Es por tanto nuestra obligación defender los intereses de la ciudadanía y por eso actuamos, porque en caso contrario estaríamos incurriendo en un delito para mirar hacia otro lado», ha indicado Prieto.