Aforar a políticos en el siglo XXI no tiene sentido. Es algo que cae por su propio peso, ya que juega en contra de un principio fundamental de cualquier Estado de derecho: todos debemos ser iguales ante la ley. El que la hace, la debe pagar. Eso es así o, mejor dicho, debería ser así, que no lo es. Todos los partidos coinciden en que se debe reducir el número de aforados en España e, incluso, algunas personalidades abogan por la erradicación de esa figura judicial.
En 1978 se conformó nuestro marco de convivencia, recogido en la redacción de una Constitución que, a pesar de haberse quedado obsoleta en algunos puntos, ha sido y sigue siendo la envidia de juristas y constitucionalistas de medio mundo. No solo por su contenido, sino también por la forma de llevarla a cabo, desde el máximo consenso entre fuerzas opuestas que, 40 años antes, habían batallado en una guerra entre hermanos. Un país desgastado por una dictadura fascista resurgió de sus cenizas desde la unión y no desde la división. En aquel momento, los aforamientos no solo tenían sentido, sino que eran totalmente necesarios. Una magistratura heredada del franquismo podía convertir la recién estrenada democracia en una auténtica mentira.
Pero, ahora, 40 años más tarde, no tiene ningún sentido que la mala praxis política se vea amparada por lo que un día fue una garantía democrática. Lo que se inventó para cubrir una necesidad manifiesta en los setenta se ha convertido en una perversión del sistema en el nuevo milenio. Es algo así como llevar al extremo opuesto la utilización de una figura que, hablando claro, debería ser eliminada totalmente en el caso de los políticos y disminuida notablemente en el caso de los jueces y los fiscales.
Una de las reformas más urgentes, dado el alto índice de desafección ciudadana, es, precisamente, la cuestión de los aforamientos. Los partidos políticos que se opongan demostrarán que tienen cosas que ocultar. Simple y llanamente.