Corría el mes de Mayo del 2010. Zapatero estaba contra las cuerdas, sin apoyos y con la prima de riesgo por las nubes. Entonces, el 12 de mayo del 2012 anunció en el congreso uno de los ajustes económicos más impopulares y dolorosos de la democracia, a sabiendas que era la única forma de mantener su gobierno a flote. Un ajuste que suponía cerca de 15.000 millones de euros. Este anuncio pilló por sorpresa a los populares que jamás hubieran imaginado que Zapatero se atrevería a realizar recortes en gastos sociales, medida sin duda nada popular.
Estas duras medidas debían ser refrendadas en el congreso en mayo de ese año. En uno de los corrillos del congreso que siempre se forman, Montoro comento una frase a la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas: “Que caiga España que ya la levantamos nosotros”. Entonces, CC, CiU Y PNV facilitaron con su abstención la luz verde a las medidas del presidente socialista. Zapatero se había salvado, retrasando su salida de Moncloa un año más.
Llegaron las elecciones generales de noviembre de 2011, el triunfo del partido popular era más que previsible. Rajoy ganó las elecciones prometiendo que no iba a subir los impuestos, sabiendo que una reforma fiscal era casi necesaria e inmediata aplicarla si no se quería una intervención por parte de Europa.
El gobierno de Rajoy se puso manos a la obra. Habían dos posturas encontradas: la postura que defendían el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el propio Rajoy, subir el IRPF de manera progresiva y una amnistía fiscal que evitaría una subida del IVA, y la postura defendida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que pasaba por elevar los impuestos indirectos (IVA), bajar el IRPF y un cambio en la política fiscal defendida por el ministro de Hacienda. Finalmente Montoro se salió con la suya.
Las medidas no fueron efectivas y en 2012, tras las presiones por parte de Bruselas, Rajoy se vio obligado a rectificar y acatar las directrices de su ministro de Economía, incluyendo la creación de un banco “malo” al que se oponía el presidente por consejo de Montoro. De Guindos defendía que la clave era la lucha contra el fraude fiscal, una lacra en la sociedad española, en contra del criterio de la amnistía fiscal que defendía Montoro.
La semana pasada el gobierno hizo balance de su lucha contra el fraude fiscal: 22.500 millones de euros de impacto en las cuentas públicas. De esa cantidad, 16.500 millones se han obtenido descubriendo fraude fiscal. En el año 2012, la amnistía fiscal solo obtuvo 1.200 millones de euros. Finalmente parece que De Guindos no andaba muy mal encaminado.