Tan sólo un día después de que Les Corts aprobara este martes el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito con el acuerdo de todas las fuerzas políticas valencianas, el minsitro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que el Ejecutivo recurrirá la aplicación de ese impuesto con el que el Consell tiene previsto recaudar 230 millones. El Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el citado impuesto por entender que «no puede hacer distinciones» entre autonomías.
Su homólogo valenciano, Juan Carlos Moragues, ha dicho este jueves que era «absolutamente previsible» que el Gobierno recurriera la constitucionalidad del impuesto sobre depósitos bancarios valenciano, aunque entiende que no se pedirá su suspensión, por lo que será «un impuesto en vigor». El Ejecutivo ya ha recurrido los impuestos bancarios de Extremadura, Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña.
No obstante, ha afirmado que lo importante que ha sucedido en 2013 es que el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de ese impuesto en Cataluña y Asturias, y ha dicho que se trata de un impuesto «constitucional» y «autonómico», por lo que «se puede conectar con los territorios regionales», y la Comunitat Valenciana considera que «se tiene que establecer».
Con esto, el conseller entiende que el Gobierno no solicitará la suspensión del impuesto valenciano porque el Constitucional «ya ha dicho que no ha lugar en Cataluña y Asturias», y si no está suspendido, ha afirmado, «es un impuesto en vigor y tiene efectos, y así lo defenderemos»
¿Qué contempla este impuesto?
La ley introduce un nuevo impuesto propio y directo que grava los depósitos captados por las entidades de crédito en la Comunitat Valenciana, con el que el Gobierno valenciano prevé recaudar 230 millones de euros en 2014, y que contempla bonificaciones del 75% a las cooperativas de crédito.
De esta forma habrá deducciones del 100% para los importes que las cajas de ahorros destinen a su obra social y para los invertidos por las cooperativas de crédito en educación y promoción, y del 50 % para proyectos de utilidad pública o interés social para la Comunitat, o de promoción económica de las pymes.