El Informe refleja asimismo que los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores ascienden a 38.986 millones de euros, con un aumento del 42,4 % respecto a 2011, debido principalmente a las operaciones de endeudamiento vinculadas con los mecanismos extraordinarios de financiación, que suponen el 73,6 % del total.
A esa cifra hay que sumar, según la memoria, 2.508,3 millones de euros por deudas existentes con la empresa pública Ciegsa; 67,9 millones de euros de los convenios con Feria Valencia, y las cuotas por compromisos de los planes de inversiones de las universidades públicas, que ascienden a 477,6 millones.
Asimismo, hay que añadir las anualidades futuras de compromisos derivados de los acuerdos del Consell para el pago de las obligaciones de la deuda sanitaria, por 915,6 millones, así como los derivados de otros tres convenios de reconocimiento de deuda cuyo importe asciende a 68,2 millones.
El Síndic estima que la provisión para insolvencias debería aumentar en 371,4 millones de euros, y señala que no se recoge en la cuenta del resultado económico patrimonial y el pasivo del balance ninguna cantidad en concepto de estimación de los intereses de demora, que «podría ser significativa».
Además, considera que el presupuesto inicial debe contener la consignación de créditos «suficiente y adecuada» de todos los gastos «previsibles e ineludibles, calculados de forma realista», y cita en particular el caso del programa de la Agencia Valenciana de Salud.
Según el síndic, las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2012 ascendieron a 4.481,8 millones de euros, que incrementaron el presupuesto inicial un 32,6 %, debido fundamentalmente a los expedientes de generación de crédito por los mecanismos extraordinarios de financiación.
La deuda financiera a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 23.817,8 millones de euros, clasificada en 17.848,5 millones a largo plazo y 5.969,3 a corto plazo, lo que supone un aumento del 64,8 % respecto a 2011, cuando era de 14.451 euros, debido principalmente por la adhesión a los mecanismos extraordinarios de financiación.
El saldo vivo de la deuda se incrementó a 31 de diciembre pasado en 9.301,7 millones de euros (un 67 %) respecto al 1 de enero de enero de ese año, cuando la ley de Presupuestos fijaba un límite inicial de 1.336,3 millones.
Durante el año pasado, la Generalitat no autorizó concesión de avales y los canceló por importe de 2.633 millones, debido a la asunción de deuda financiera de entes del sector público (2.260,9 millones), vencimientos de operaciones de crédito o resolución (351,9 millones) y por fallidos (20,3 millones).
El informe indica que no se ha podido «comprobar la razonabilidad» de saldos acreedores con tres empresas públicas: el IVVSA, donde el pendiente de pago con esta empresa asciende a 1,2 millones de euros; Vaersa, por 22,7 millones, y el IVF, por 4,6 millones.
Respecto a la contratación administrativa, en 2012 disminuyó «de forma significativa», un 66,3 % en importe adjudicado y un 58,6 % en número de contratos, mientras que la fórmula más utilizada por número de contratos fue el procedimiento negociado (el 52 %), mientras que por importe el procedimiento abierto supuso el 74,3 % del total.