Un millón de valencianos vive por debajo del umbral de la pobreza

 

Más de un millón de valencianos viven por debajo del umbral de la pobreza, un total de 333.400 personas más que antes de la crisis económica. Así lo manifiesta el estudio ‘La desigualdad en tiempos de crisis: hombre rico, hombre pobre’ elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Esta realidad coloca a la Comunitat Valenciana en la sexta autonomía que más ha incrementado el porcentaje de ciudadanos sin recursos, el 46,4%. Asimismo las desigualdades entre colectivos se hace cada vez más evidente pues el texto destaca que el 20% de los contribuyentes valencianos más hacendosos concentran el 23,4% de todos los ingresos declarados en 2012.

Mientras, en España un total de 9,3 millones de personas viven con recursos mínimos, lo que supone dos millones más que en 2007 y que además 2.079.000 son «nuevos» pobres que proceden de la clase media. Ante esta situación el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha abogado por gravar a las grandes fortunas para salir de la crisis.

Cruzado ha realizado estas declaraciones durante el congreso nacional del colectivo que se ha celebrado este jueves en Granada y donde ha presentado el informe que ha sido elaborado utilizando el «índice de Gini» y los datos fiscales de los contribuyentes para medir si la riqueza de un país está bien repartida. Así, ha concluido que España tiene un 29 % más de pobres que en 2007, una pérdida de capacidad económica que ha tenido más repercusión en las comunidades más ricas donde las diferencias entre ricos y pobres son más patentes.

Frente al incremento de la pobreza, los técnicos de Hacienda han apostado por intensificar la investigación a la evasión fiscal de las grandes fortunas y empresas que, según sus datos, concentran más del 71 % del fraude fiscal total y la pérdida de 42.000 millones de euros anuales en la recaudación. Junto al aumento de la investigación, Gestha ha abogado por crear una tasa sobre la riqueza frente al actual Impuesto sobre el Patrimonio y regularlo con ámbito estatal para evitar que las comunidades autónomas ofrezcan exenciones a las grandes fortunas.

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