Así, Unesa considera que Industria ha fijado un «precio artificial» que va en contra de las normativas europeas, lo que entraña, de hecho, «un riesgo importante para la liberalización». «La decisión se ha tomado, además, de manera precipitada, improvisada y, una vez más, sin establecer ningún cauce de diálogo con las empresas del sector», añade en un comunicado.
Para la patronal eléctrica, la aprobación de este Real Decreto en el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Ley del sector eléctrico pone en evidencia «el fracaso de la reforma», ya que «no soluciona cuestiones fundamentales para el funcionamiento del sistema».
Unesa confía en que se defina cuanto antes un «mecanismo definitivo» y en que la solución aprobada «sea meramente provisional y transitoria; ceñida, en concreto, al primer trimestre de 2014».
De esta manera, señala que el sistema eléctrico, la economía española y, sobre todo, el consumidor, necesitan una tarifa eléctrica que se fije de «manera transparente, que esté limpia de sobrecostes de errores políticos que no tienen que ver con el suministro, y establecida en el ámbito de un mercado totalmente liberalizado».
Además, recuerda que «se siguen cargando costes políticos» en el recibo que paga el cliente eléctrico y destaca que menos de la mitad de la factura que paga el consumidor medio es energía consumida o costes de transporte y distribución. «El resto son cargas fiscales y, sobre todo, políticas de subvenciones sociales y políticas medioambientales que no deberían esconderse en el recibo eléctrico», destaca.
URGENTE CONOCER EL INFORME DE LA CNMC.
Asimismo, Unesa insiste en la necesidad de transparencia en lo relativo al informe de la CNMC sobre las causas que motivaron la anulación de la subasta Cesur; «una subasta en la que las empresas de la asociación tienen una participación marginal, cercana al 10%», y considera que es «urgente» que se dé a conocer el resultado del informe.
Finalmente, cree que «la excepcionalidad de la situación que se ha creado y que el Ministerio de Industria no ha sabido enmendar», debería conducir en el futuro a la oportunidad de acabar con «el creciente caos y fuerte inseguridad jurídica que tanto está dañando al sector, sobre la base de un diálogo abierto y constructivo entre todos los agentes implicados».