Cabe la posibilidad de que nadie, al final, sea responsable en solitario de la corrupción y que todos seamos, por prescripción, fallecimiento o simple desgana, corresponsables de esta corrupción que nos arrasa, pero no me negarán que algunos tienen menos responsabilidad que otros. Los pobres invisibles que no por menos visibles dejan de ser pobres o los enfermos, dependientes, por depender o por dispensar, funcionarios, autónomos, comerciantes, estudiantes, trabajadores de diferente color de bata y pensionistas, tienen escasa responsabilidad en el agujero de CAM/Bancaja/BdV han generado a las arcas públicas. Seguramente la responsabilidad de algunos radique, en su caso, en haber votado al partido que permitió, con conocimiento o ignorancia, tales desmanes, el último de los cuales, recae, sin presunción, en un Presidente de la Generalitat de nombre José Luis Olivas y sus conocidos.
Este último atropello conocido ya no es el chocolate del loro, índice de medida que viene a ser una cantidad entre poco y nada, pues, acordarán conmigo, que 246 millones de euros no se encuentra entre esas dos cantidades. Esta cantidad se corresponde a lo que calcula el juez es el quebranto para la entidad por los préstamos concedidos en dudosos negocios en el Caribe para un complejos hotelero-residenciales vinculados a ‘Grand Coral’. Solo la compra del terreno “El Zocotal” ha supuesto un gasto de 125 millones que ha servido, eso sí, para el enriquecimiento de dos intermediarios que no hicieron otra cosa que, sabiendo de antemano que Bancaja les iba a comprar esos terrenos, lo compraron antes a sus propietarios por un tercio del precio por el que lo vendieron. Cabe preguntarse a quién pertenecían antes estos terrenos en el Estado de Quintana Roo (México) pero de eso se encargará el juzgado.
Para que se hagan una idea, esos millones equivalen al doble de la cantidad que tiene prevista, para todo este año, la conselleria de infraestructuras, territorio y medio ambiente para inversiones, o cuatro veces más de lo que tiene previsto la conselleria de sanidad para inversiones en salud, o el doble de la cantidad que tiene la conselleria de educación para endeudarse, o el doble de lo que tiene previsto el Consell para gastos corrientes y personal de la conselleria de hacienda y administraciones públicas u ocho veces (dos legislaturas) lo que gastan Les Cortes Valencianes por todos los conceptos un año. O lo que ganaría un trabajador mileurista si trabajase 18.000 años, es decir, podría haber acompañado a los primeros pobladores de América.
No se pueden escudar en argumentos de “yo no sabía, a mi me dijeron”. Las relaciones personales, directas y a sabiendas de lo que hacían, son evidentes. Y las relaciones entre su condición de responsable político y responsabilidad empresarial también, aunque el PP como tal no se haya beneficiado directamente de tales chanchullos, dicho esto en su sentido estricto, es decir, “negocio ilícito, tejemaneje para obtener alguna ganancia”. El señor Olivas y los intermediarios, tenían un informe de la autoridad mexicana que indicaba que el valor del suelo era muy inferior al que estaban pagando por esos terrenos por no mencionar las evidentes limitaciones medioambientales que suponía la construcción en una zona de manglares protegidos.
Lo más curioso es que, sondeando en la hemeroteca, la presentación el 27 de mayo de 2008 en el Centro Cultural de Bancaja del proyecto, anunciaban que ambos bancos junto al Grupo Mar, ya habían desembolsado la cantidad de 350 millones de euros (así decía la noticia) para la construcción de 7.000 casas en un complejo turístico en la Rivera Maya en 230 hectáreas del complejo de lujo, que se preveía realizar entre 2015 y 2023 con una inversión total prevista de 2.000 millones de euros y un reparto de participación empresarial del 45% y de un 35% respectivamente.
Conviene saber que en esa rueda de prensa, se le preguntó directamente al señor Olivas sobre la identidad de los inversionistas, y fue el propio José Luis Olivas el que señaló que eran todos españoles sin más especificaciones, pero tal y como recogió el periodista “se negó a facilitar los datos y en un primer momento (y) solo Olivas, cuando abandonaba el salón junto al gobernador (gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Félix González), se refirió a este extremo, a preguntas de los periodistas, sin concretar la inversión de su grupo. Olivas destacó entonces que el grupo Bancaja «actúa no solo como financiero sino también como promotor», y aseguró, ávido analista y preclaro dirigente, que “esa política de inversiones no obedece al actual momento sino que ya se había iniciado hace años para diversificar tanto productos como países.”
Hay responsabilidades legales que quedarían en el ámbito del derecho civil si no fuera porque Bankia y el Banco de Valencia han sido rescatados por el estado comprometiendo, por tanto, recursos públicos y por el hecho de que este señor tuvo responsabilidades políticas de primer orden que fueron, en definitiva, las que le permitieron auparse a tan insigne destino que es desde donde ha hecho todos estos desmanes.
Pero este tema queda en minucia, comparado con los créditos que este obtuvo el grupo inmobiliario de Ramón Salvador. Este grupo tuvo un «trato inexplicablemente privilegiado» por parte del Banco de Valencia y de Bancaja mientras Olivas fue su presidente, fruto del cual, obtuvo entre 2007 y 2012 un importe total de 631 millones, «sangría económica que sólo se paralizó», a dios gracias, con la intervención del Banco de España. Pero incluso con esa paralización ese empresario recibió hasta 2009, 202 millones de euros mediante la sociedad H2018, creada, según el informe de la UDEF, «exclusivamente para resolver sus graves problemas de solvencia», pues su única actividad mercantil fue llevar a cabo transacciones con sociedades del grupo inmobiliario. Y esto sin presunciones puesto que está demostrado, con papeles y correos, que tales hechos se produjeron y la presunción de inocencia no alcanza a la materialidad de las pruebas que, siendo realidad, no pueden ser presuntas.
Mientras se dilucida este tejemaneje, siguen disponiendo de recursos y relaciones que, si bien no les permiten destruir pruebas, sí adaptar las normas a sus necesidades o utilizar todos los mecanismos legales dilatorios que pueden permitirse con sus sueldos millonarios, sabiendo que estos mecanismos garantistas en defensa de la inocencia no se pensaron para eso pero se sumaran a la falta de medios de la administración de justicia para ser juzgados en un futuro muy, muy lejano. Si no empezamos a ver como estos sujetos, por llamarles de alguna manera, entran en prisión, pagando con sus propiedades, presentes y futuras, estos desmanes – así acaben en la indigencia -, a nadie le resultará extraño que no les echemos de menos llegado el momento. Y quien no quiera ver las relaciones entre unas cosas y otras, es, simplemente, cómplice.
Post scriptum: La señora Rita Barberá ha afirmado hace unos días, en apoyo a su candidatura, que aquí nadie se benefició, afirmación que no alcanza a tantos y tantas personalidades de su partido y a “título lucrativo” al propio partido que le ha nombrado autosucesora. Salvo, claro está que por beneficio hable de una cantidad muy superior a los la ‘Gürtel’ que fueron 201 millones o los 110 millones de ‘Palma Arena’, el ‘caso Bárcenas’ ha supuesto 42 millones, y el ‘caso Nóos’ que ha costado 8,2 millones. Todo ello sumado a los millones del ‘caso Blasco’ en Valencia. Sin duda no incluye tampoco en estos beneficios, los regalos que ella misma ha reconocido en declaración pública haber recibido.