Son muchas las ocasiones en las que un titular, no hace justicia al contenido al que sirve. En este caso tengo que reconocer que la situación es la contraria: quizá sin pretenderlo, el titular con el que se enmarca la información, no puede ser más representativo de la misma.
El titular rezaba algo así como: “PP, PSPV, EU y Compromís, se repartieron casi 38 millones de dinero público…”. Recientemente nos hemos acostumbrado a que los términos que se utilizan, incluso aquellos que figuran en escritos con pretensión de doctos, no corresponden a las realidades de los vocablos utilizados. En este caso, la situación es bien diferente.
Tengo que confesar que cuando leí el titular, no pude menos de ver representado un escenario de gran plasticidad. El instinto me llevó a la cueva en la que Alí Babá y los suyos, protegidos de las miradas ajenas, se repartían el resultado del botín. Me parecía muy dura tal asociación y, cuando estaba dispuesto a rechazarla, vi que las similitudes eran muchas.
Es cierto que penalmente, sólo se otorgaba el calificativo de “robo” cuando hubiera mediado violencia en las personas o fuerza en las cosas, circunstancias que no se daban en este caso. Pero, me pregunto yo: ¿Qué más violencia que la imposibilidad de resistirse a ser robado?
Se me dirá, quizá, que estaba decidido así por Las Cortes (Les Corts) y que también la Generalidad Valenciana (Generalitat de València) accedió a ello, por lo que la violencia estuvo ausente, al menos, en estas instituciones. Pero el matiz está en que estas emblemáticas instituciones, no son los sujetos pasivos del robo, sino que se convierten, por sus actos, en cooperantes necesarios de la sustracción.
La primera de ellas, además, aunque sólo fuera por sentido estético, nunca debería haber aprobado semejante distribución, que estaba directamente relacionada con los intereses de quienes aprobaban el reparto. Es un viejo principio, todavía imperante en la mayoría de las entidades privadas, de que el afectado por cualquier decisión no puede tomar parte en ella. Los Tribunales de Justicia, de hecho, están hartos de anular privilegios, en cuya aprobación intervino el beneficiario de los mismos.
¿Por qué aquí deberíamos considerar normales los privilegios acordados? Que los partidos políticos gastan más de lo que tienen, ya lo sabemos, pero eso no justifica el expolio del presupuesto público, que son nuestros recursos.