La compleja composición del Congreso de los Diputados, tras las elecciones del 20D, produce una enorme complejidad de la formación del nuevo gobierno.
Esto supone un grave riesgo para la estabilidad del sistema político –aunque probablemente sea bueno para la economía y la sociedad (países hay en los que la ausencia de un gobierno efectivo durante meses, ha producido etapas de gran prosperidad)-, pero la formación de un gobierno en minoría que deba contar con apoyos puntuales externos puede ser una gran oportunidad.
Me refiero a que la necesidad de estar constantemente negociando y pactando, puede tener unas consecuencias muy positivas. La imposibilidad de imponer los criterios de un partido (que suele ser –además- sólo la opinión de la oligarquía dominante en ese partido) y tener que abrirse a soluciones de consenso va a ser altamente positivo,
Hay varias cuestiones que sólo desde un diálogo muy poco condicionado por una mayoría apabullante, pueden llegar a resolverse con un amplio acuerdo: la compleja –y necesaria- reforma de la estructura del modelo territorial, la también necesaria reforma del sistema electoral. Esta última reforma se ha puesto en evidencia con ocasión de las pasadas elecciones y los injustos resultados que tiene el actual sistema (relación votos/escaños).
Pero, como todo lo que beneficia a unos y perjudica a otros, es necesario -para un consenso productivo y perdurable- el que sea necesario forzosamente llegar a un acuerdo y que nadie pueda imponerse por la fuerza (aunque sea la fuerza de los votos).
En la triste historia de las dos Españas, se ha producido demasiadas veces la imposición de la tesis de una España y la no resignación de la otra España a que se la impongan. Esto es particularmente candente en la cuestión territorial, especialmente con el planteamiento del movimiento secesionista en Cataluña.
Abrirse a una reforma del modelo territorial del Estado que zanje el enfrentamiento, cada vez más agudo, entre las fuerzas centrífugas y el concepto unitario –aunque administrativamente descentralizado- de España, va a tener que ser abordado con una posición muy abierta por todas las partes. Incluso, probablemente, tenga que plantearse abiertamente o un modelo asimétrico, o un modelo federal de nuevo cuño.
El Estado de las Autonomías se ha agotado en su desarrollo. No ha sido capaz de solventar problemas tan vitales para la supervivencia de España unida, como la satisfacción de las aspiraciones de los nacionalistas periféricos -catalanes, vascos, navarros y gallegos-, como las muy importantes cuestiones para –por ejemplo- nosotros los valencianos, de la financiación autonómica o la gestión de los recursos hídricos compartidos (trasvases).
Esta redefinición del modelo territorial –para conseguir una España justa, unida y plural, con comodidad para distintas sensibilidades, o del modelo electoral –para establecer un sistema equitativo de reparto de escaños-, o del modelo económico, social y de integración en Europa, sólo es posible desde un diálogo incondicionado.
Estas cuestiones no pueden enfocarse desde la prepotencia –sea del signo que sea-, ni tratarse con la dureza –muy justificada- con la que llevó a cabo el cierre de nuestra gran lacra de los últimos cincuenta años: el terrorismo. Es preciso un esfuerzo colectivo de diálogo constructivo y consenso semejante al de la Transición. Si logramos superar como pueblo y como comunidad política la brecha que separaba a los españoles, con una terrible historia de sangre e incomprensión, ¿no vamos a superar estas divergencias?
Para esta nueva etapa es muy importante el vernos obligados –por la, puede que providencial, fragmentación parlamentaria- al diálogo y al consenso.
Mariano Ayuso