La aparición esta semana de nuevas facturas en el cajón de la Generalitat por valor de casi 800 millones de euros, que nada tienen que ver con las vinculadas a la Conselleria de Sanidad, ponen de manifiesto un problema muy importante para la salud de las finanzas valencianas, para Alberto Fabra y sobre todo para la imagen de la Comunitat Valenciana.
Un nuevo contratiempo que se le acumula al desgastado President, y que ha surgido tras el seguimiento y posterior investigación realizada por la Agencia Europea de Estadística, Eurostat y el INE.
Ambos organismos tuvieron constancia de la situación después de analizar los informes realizados por la Sindicatura de Comptes en los años 2012 y 2013, donde no aparecían contabilizados gastos tan relevantes como las partidas asignadas a la ampliación de Feria Valencia, así como a eventos en el mismo recinto por un importe de 33 millones, más 305 pendientes.
A estas cantidades para la institución ferial hay que sumarles 50 millones para la inversión en universidades públicas, con una cuantía total de 477 millones, o a la construcción de centros educativos a través de Ciegsa, donde 400 millones quedan descuadrados entre los 2.500 millones presupuestados y los 2.100 sufragados.
A decir verdad, y a pesar de estas partidas no consignadas, la Generalitat no es una excepción en el contexto de la inversión pública española para la ejecución de infraestructuras, ya que no es la única autonomía que guarda con recelo las famosas facturas en el cajón.
Pero tal vez, la torpeza a la hora de acumular esas facturas, de ordenar la ejecución de infraestructuras sin una asignación presupuestaria real, o el engordamiento en demasía de un gasto sanitario desmesurado hace ahora que se nos vea en España como el anti modelo de lo que debe ser una gestión ejemplar en el ámbito político-público.
Y en parte, aunque a los valencianos nos duela, nos toca aceptar que muchos de los que nos critican tienen razón, o al menos en parte. Porque a pesar de nuestros errores se palpa la sensación que el Ejecutivo de Rajoy, amparándose en las instituciones europeas, está buscando la excusa perfecta para intervenir la Generalitat, a fin de aplicar con el ejemplo unas medidas efectivas de reducción drástica del gasto y destapar las vergüenzas de una discutida gestión de los cargos públicos valencianos
Dicho de otra forma, se busca cabeza de turco para que el Estado pueda eximirse de sus pecados y para ello busca sancionar a una Comunitat que a pesar de pertenecer al mismo PP, en Génova la dan casi por perdida tras el batacazo de las pasadas elecciones europeas.
Porque esa es la situación real de la Comunitat. Con un Consell desmembrado y muy débil para hacer frente al Gobierno, aparece como el modelo perfecto para aplicar una sanción ejemplar.
Entre otras cosas, porque a diferencia de los catalanes, cuya embestida nacionalista también tiene un objetivo de esconder un gasto desmesurado, el Gobierno conoce perfectamente, Rajoy parece dispuesto a actuar a sabiendas que la Comunitat guardará, en principio, lealtad a España, a pesar de sufrir un duro castigo.
Para algunos puede parecer una maniobra descabellada, pero para otros alcanza un sentido muy relevante teniendo en cuenta la cercanía de unas elecciones clave, como son las municipales y autonómicas, donde el PP se juega gran parte de su futuro, que dependerá de si consigue aprobar a tiempo la reforma de la Ley Electoral que permita la elección directa de los alcaldes, lo que impediría a las fuerzas de izquierda alcanzar los pactos tradicionales.
Es por este cúmulo de circunstancias que parece muy poco probable, incluso surrealista, que el Ejecutivo de Rajoy acceda a la quita de la deuda que proponen los empresarios valencianos, y que asciende a los 35.000 millones de euros.
Una alianza reivindicativa con Fabra que llega tarde y mal, y que difícilmente atenderá el Gobierno, porque parece más por la labor de aflorar la mala gestión del Consell que por solucionar sus problema.
De hecho, se tiene la percepción de que Rajoy busca destapar la etapa de Camps, plagada de irregularidades, y que ha dejado la imagen de la Comunitat por los suelos.
A este respecto resulta significativo conocer detalles de créditos que Bancaja concedió al Consell por valor de 2.500 millones de euros sin tener muchas garantías de recuperar su inversión.
Pero tampoco resulta extraño conocer este dato teniendo en cuenta la situación de la época ya que el Consell manejaba a su antojo la entidad presidida por el expresidente José Luis Olivas.
Por tanto, no es momento de rasgarse las vestiduras pero si de asumir que en la Comunitat seguiremos viviendo tiempos difíciles y que tal vez, lo mejor que nos puede pasar es conseguir el saneamiento de unas cuentas públicas para, entre otras cosas, dejar de ser carnaza de unos partidos de izquierdas que tiene argumentos más que sobrados para derrocar al PP.