Escuchando ayer la entrevista que le hizo una prestigiosa periodista al ministro Zoido en la que dijo que esperaba que Puigdemont no entrara en España metido en un maletero, me he acordado de aquella histórica foto de Santiago Carrillo en la frontera española disfrazado con una peluca. Pero claro, el Sr. Puigdemont lo que menos necesita es una peluca, así que no pude evitar imaginarlo con otro tipo de “atrezzo”, como unas rastas, una frondosa barba, o mejor aún, con la cabeza rapada para simular ser calvo, como su amigo Romeva. Eso sí que sería un golpe de efecto… Aunque algunos pensaran que podría pasarle como a Sansón.
En cualquier caso, los motivos de la vuelta a España de uno y otro son bien distintos y en circunstancias completamente diferentes. El histórico dirigente comunista regresó de un largo exilio REAL tras la legalización del PCE, allá por el año 1976, mientras que D. Carles volvería a España para ir directo a Soto del Real, muy a pesar de sus cándidos y entrañables anhelos de ser recibido como el hijo pródigo.
En qué momento y de qué manera lo hará es algo que depende sólo de él, puesto que en vista de la última decisión del Juez Llarena de no activar la orden de detención, la estrategia que se intuye es la de “ya vendrás, ya…”. Sin embargo, hay algo que me preocupa; y no me refiero al hecho de que aquel se dedique a pavonearse, cada vez con menos éxito, por cierto, por Europa, sino que el Tribunal Supremo entre en el juego estratégico del investigado. Las explicaciones que el juez da en su auto denotan que la decisión está impregnada de cálculos políticos. “Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero, busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.
Y no es que este humilde letrado no comparta ese razonamiento a título personal, sino que no me parece apropiado, dicho sea con los debidos respetos, que el instructor muestre con ese descaro el fin último de su decisión, que no es otro que influir en el proceso de investidura, puesto que creo que no le corresponde a él tomar decisiones que puedan tener incidencia sobre dicho proceso. La Separación de Poderes debe respetarse por los tres poderes, no sólo por uno. Ahora bien, más torpe me ha parecido aún, también con los debidos respetos sea dicho y entendido, la solicitud del Ministerio Fiscal, puesto que ha colocado al instructor en esa tesitura.
Si la justicia española ha optado finalmente por esperar a que la manzana caiga por su propio peso, hágase asépticamente y con todas las consecuencias, pero no es nada bueno para nuestra democracia que todo un Tribunal Supremo entre al trapo del investigado porque la escena cada vez se me asemeja más a una corrida de toros, en la que el torero es Puigdemont, el toro es el Estado y el tendido es el mundo entero. Todo muy español, como siempre…
Jorge Garcia-Gasco Lominchar – Abogado –