En un tono sosegado y ante la prensa. Dos circunstancias poco habituales hasta hace dos años en el Palacio de Fuentehermosa. Así se presentó este viernes Alberto Fabra para hacer un balance de sus dos años de mandato. Superados los fantasmas de rencillas domésticas y mientras la justicia va recogiendo los restos de épocas anteriores, el jefe del Consell desgranó sus dos años de gobierno. Y lo hizo mirando hacia adelante y con dos propósitos. Dos pilares en los que se basará su política para después del verano: la modificación del sistema de financiación autonómica y la reducción de escaños en Les Corts. La intención del líde del PP valenciano es pasar de 99 a 79 diputados autonómicos.
En su intervención, Fabra detalló que uno de los objetivos primordiales del Gobierno valenciano en la segunda parte de la legislatura se centra en conseguir una financiación justa para la Comunitat, crear empleo, culminar el proceso hacia una nueva administración más ágil, eficaz y sostenible, trabajar conjuntamente con los ayuntamientos y mantener la calidad de la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, «para lo cual es básico conseguir un objetivo de déficit asimétrico». En este sentido aseguró que consiguiendo estos cinco retos «habremos sacado a la Comunitat de la crisis y la habremos dotado de una administración más fuerte, una financiación más justa y unos servicios más eficaces».
Del segundo pilar para su plan de futuro, Fabra anunció este viernes el inicio del trámite de la modificación del Estatut de Autonomia de la Comunitat para rebajar el número de diputados de Les Corts de 99 a 79. Una reducción de 20 parlamentarios que supondrá, según explicó ante la prensa, un ahorro mínimo de 731.000 euros al año. Fabra pidió la colaboración al resto de grupos parlamentarios «para que se unan a esta apuesta por la eficiencia» y en su opinión espera que no busquen excusas.
Sin embargo, la reducción del aforo político en el Palau dels Borja necesita su trámite. Supone iniciar un anteproyecto de Ley que propone la reforma de los artículos 23 y 24 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat. Luego se ha de pedir un informe a la Abogacía de la Generalitat y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, según detalló posteriormente el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar.
Pero no todo queda ahí. La cosa tiene su miga. Para la aprobación de esta norma, añadió Císcar, se necesita de una mayoría cualificada de dos tercios en Les Corts, que implica que «algunos de los grupos de la oposición tendrán que sumarse a esta reforma para que pueda salir adelante». Y luego el asunto, si se aprueba, vuela de Valencia hacia Madrid. En la capital de España sería necesaria la ratificación en el Congreso de los Diputados, y por último un referéndum. Cuando toque votar, ni nos acordaremos. Toda una cadena de trámites que el Consell espera se resuelva antes de los comicios autonómicos de 2015.
De los deberes hechos, el presidente de la Generalitat dijo que durante sus dos años de Gobierno, ha centrado sus esfuerzos en la creación de empleo, en alcanzar el equilibrio presupuestario a través de la reducción del déficit, en la mejora y ejecución de infraestructuras productivas como el Corredor Mediterráneo, el AVE a Alicante y la llegada del AVE a Castellón en 2015 y en lograr una nueva Administración.
Los partidos de la oposición no coincidieron con el hilo narrativo de Alberto Fabra. Calificaron su intervención de «decepcionante», un «discurso hueco» y de «rezumar un triunfalismo que insulta la inteligencia de los ciudadanos». Nunca llueve a gusto de todos.