La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, destacó, el pasado martes, que «el Consell y Bankia formalizan la entrega de las primeras 18 viviendas cedidas por la entidad bancaria, a un bajo alquiler, a familias que han perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio hipotecario u otras causas excepcionales».
Isabel Bonig y el director de Patrimonio de Bankia, Javier Sánchez Mena, firmaron el convenio por el que hacen entrega de estas viviendas a los alcaldes de los trece municipios donde se ubican. Así en la provincia de Castellón hay un total de seis viviendas repartidas en distintas localidades, Valencia cuenta con siete y Alicante cuenta con un total de seis viviendas.
En esta primera entrega ningún alquiler supera los 150 euros y se va a dar una carencia de un mes, hasta septiembre, en el pago de la renta del alquiler. La consellera explicó que las familias que se desplazan a vivir a otro municipio es porque en la localidad de origen, Bankia no tiene viviendas disponibles.
Para la consellera, «el derecho a una vivienda digna para estas familias es una prioridad, es por lo que la Comunitat Valenciana fuimos la primera comunidad autónoma de España que firmó un acuerdo de estas características con Bankia».
El primer contrato de alquiler en Alboraya
El equipo de gobierno del ayuntamiento de Alboraya, meses atrás aprobó este convenio que se ha materializado con la entrega al alcalde del municipio, Miguel Chavarría, del contrato del primer piso de alquiler dentro del fondo social de viviendas.
La concejala de Bienestar social de Alboraya, Susana Cazorla comentó que el ayuntamiento se adhiere al convenio para que cualquier vecino de la localidad se beneficie de las viviendas del fondo social. Debido a la situación económica de los últimos años que ha desembocado en un aumento de familias que han sufrido el desalojo de sus viviendas, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, creó un acuerdo, por el que se hace entrega de unas viviendas pertenecientes a Bankia a los alcaldes de trece municipios entre los que se encuentra Alboraya. “Para el consistorio este tipo de necesidades constituye una prioridad de intervención” afirmó Cazorla.
Asimismo el papel de los ayuntamientos adheridos al convenio del Fondo Social de Vivienda de alquiler es el de facilitar a través de los servicios sociales del municipio un informe verificando la situación real de la familia que necesite de este servicio.