Ese fue el primer punto de un pleno que a lo largo del miércoles debatirá y votará la proposición de ley del grupo popular para la extinción, disolución y liquidación de RTVV.
El resultado de la votación fue de 41 votos a favor, 32 en contra y 14 nulos -tanto del PP como de la oposición-, ya que según algunos diputados no oyeron la llamada a la votación y no pudieron hacerlo a tiempo, lo que llevó a la oposición a pedir desde los escaños la repetición, pero no se llevó a cabo.
El decreto ley fue aprobado el pasado 7 de noviembre, dos días después de que el Consell anunciara su intención de cerrar la cadena pública, y al día siguiente de que dimitieran la directora general y los cuatro consejeros nombrados por el PP, lo que a juicio del Ejecutivo dejó al ente en situación de «ingobernabilidad». Gracias al decreto ley, el Consell nombró ese mismo día a las personas para ocupar esas cinco vacantes, que el pleno de Les Corts ratificó la semana pasada por los votos del PP.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, fue el encargado de defender el decreto ley, una figura que se utiliza en casos «de extraordinaria y urgente necesidad», debido a la situación «excepcional» generada por esas dimisiones, que dejó un «vacío» de gobierno y administración en RTVV no previsto en la ley de RTVV.
«El Consell no podía quedarse de brazos cruzados», reivindicó Císcar, quien resaltó que se recurrió a una regulación «de mínimos, temporal y limitada» con la finalidad concreta de asegurar el funcionamiento de RTVV, algo que se hubiera hecho «con cualquier servicio público en las mismas circunstancias».
Císcar insistió en la urgencia de esta medida para «no dilatar» el vacío en una empresa pública «incapacitada» para tomar acuerdos, ya que el consejo de administración se había quedado «sin quórum», y destacó que el Consell reaccionó de forma «responsable» y con «sentido común».
La socialista Ana Barceló señaló que este «decretazo», que han recurrido al Tribunal Constitucional, forma parte «del relato de una muerte anunciada» y evidencia la «incapacidad» para afrontar imprevistos de un Consell que actúa de forma «arbitraria» y con «avasallamiento» de las competencias parlamentarias.