El juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha fijado hasta el próximo 1 de abril, a las 15.00 horas, el plazo para que los 17 acusados del caso Nóos abonen un total de 61,3 millones de euros en fianzas civiles. Un total de 4,1 millones para los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana implicados.
El juez concede, a partir de este lunes, veinte días hábiles para hacer frente a los pagos. En caso de no hacer efectivos los depósitos, les emplazará a que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, Castro reclama 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Un total de 2,6 millones corresponden a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.
En el caso de Cristina de Borbón, ésta abonó 587.413 euros de la cantidad que se le exige, mientras que el juez decretó fianzas de 14,9 millones de euros para Urdangarin; 15,8 millones para Torres y su mujer, Ana María Tejeiro; 4,6 millones para el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones para el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones para el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el ámbito balear, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal se enfrentan de forma conjunta a una caución de 3,5 millones de euros; el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, a 167.421 euros, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía 155.421 euros.
CANTIDADES DEFRAUDADAS
En su auto de apertura de juicio oral, el juez relataba cómo se defraudaron Urdangarín y Torres los fondos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
También, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Para ello, tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.