El equipo de Gobierno de Barberá ultima una nueva ordenanza sobre uso y ocupación de la vía pública, que pretende aunar otras previas con aspectos nuevos y prevé aprobar en pocos días. El texto plantea en principio una regulación de los fines comerciales pero una disposición adicional deja la puerta abierta a libres interpretaciones y se ha despertado la polémica. De hecho, la oposición no ha tardado en saltar apelando a los derechos constitucionales.
La normativa pretende regular la colocación de casetas de diversos establecimientos y puntos de venta (tales como kioskos de prensa o flores, bares y restaurantes, ferias, vendedores de lotería, reparto de prensa gratuita, instalación de carpas para fines y espectáculos varios, recogida de ropa…).
La cuestión va más allá en el siguiente punto: «Disposición Adicional Tercera. Actos en la plaza del Ayuntamiento y en la plaza de la Virgen. No se autorizará ninguna solicitud de ocupación del dominio público municipal en los espacios centrales de la plaza del Ayuntamiento y de la plaza de la Virgen, quedando los mismos reservados para los actos que pueda organizar el Ayuntamiento, así como para aquellos en los que participe o colabore este«.
Esta precisa cuestión «vulnera derechos fundamentales de reunión, de libertad de expresión y de manifestación«, según se apresuró a denunciar públicamente este lunes Compromís en el Ayuntamiento. Desde el grupo sostienen que esta disposición pretende acallar protestas como la que se celebra cada día 3 en la plaza de la Virgen a propósito del siniestro en la estación de metro de Jesús.
El portavoz de Compromís, Joan Ribó, en consecuencia, instó a practicar la «desobediencia civil» en caso de que el proyecto, con casi 300 artículos se apruebe como está previsto en la próxima Junta de Gobierno Local, el 28 de febrero.
Por su parte, el socialista Salvador Broseta afirmó que el PSPV presentará una alegación contra esta disposición y explicó que cualquier limitación «de este tipo colisiona con el derecho de reunión y manifestación que está recogido en el artículo 21 de la Constitución Española”. Además, ha recordado que este derecho también está contemplado en el artículo 20 de la Declaración universal de los derechos humanos, en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos humanos«.
Hasta que este debate se resuelve, hemos conocido que la ordenanza prevé introducir diversas novedades más, como por ejemplo sanciones de 750 euros por cada infracción leve y hasta 3.000 euros en el caso de que sea muy grave. Además, cada autorización o denegación de petición para la ocupación de la vía pública dependerá de un sólo organismo y no de varias concejalías (hasta ahora Circulación y Servicio de Licencias, también las juntas de distrito).
La resolución llegará en un «espacio corto de tiempo», según se compromete el Consistorio. En el caso de las peticiones relativas a la Marina, el Ayuntamiento delega la resolución en el Consorcio Valencia 2007.