- La Portavoz de Educación, Beatriz Gascó, considera el nuevo decreto “ilegal, adoctrinador, discriminatorio y chantajista con las familias”
- “A Marzà no le tiembla la mano a la hora de poner en marcha la maquinaria para catalanizar la educación”
- “No se garantiza la libre demanda de las familias. Es una injusticia y un sinsentido que un alumno por ir a una clase tenga más derechos y oportunidades que otro matriculado en la clase de al lado”
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado en rueda de prensa la presentación de un recurso ante los tribunales y ante el Defensor del pueblo “por el decreto del chantaje lingüístico que Marzà va a imponer en el sistema educativo valenciano.
Gascó ha indicado que hay “indignación y preocupación en la comunidad educativa por el decreto de chantaje lingüístico. Es vergonzoso el trámite seguido por Educación, saltándose todas las mesas de negociación e impidiendo la participación de la comunidad educativa. Una de las normas más importantes en educación se hace por la puerta de atrás, chantajeando y vulnerando los derechos de los estudiantes y de sus padres y madres. No se puede gobernar dejando de lado a una parte muy importante de la población que ha mostrado su rechazo a esta norma”.
La diputada popular ha indicado que “a Marzà no le tiembla la mano a la hora de poner en marcha la maquinaria para catalanizar la educación”.
La Portavoz Popular ha concretado las cinco razones por las que se va a denunciar este decreto: “por ser ilegal al vulnerar derechos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía, por adoctrinar al alumno, por seguir la misma hoja de ruta del independentismo catalán, por coaccionar y chantajear a las familias con las opciones, y –en quinto lugar- por las desigualdades que crea entre el alumnado”.
Beatriz Gascó ha indicado que “el decreto incumple la legalidad al vulnerar los derechos de quienes opten por estudiar en castellano al verse penalizados. Se discrimina en función de la lengua y es evidente que con esta norma las zonas castellanohablantes y el alumnado castellanohablante van a ser discriminados y van a tener muchas menos opciones académicas en el presente y laborales en el futuro. Hay prescripciones que atentan a la seguridad jurídica y causan indefensión a los ciudadanos”.
“Además, la norma es adoctrinadora y va más allá de la regulación estrictamente educativa. Dice expresamente que ‘se deben dar pasos más allá de las aulas y ayudar a los alumnos a construirse una identidad’. Es decir, inculcar una manera determinada de entender y comprender la lengua, en la línea de Compromís, y eso es adoctrinamiento. Se está calcando la hoja de ruta que viene siguiendo desde hace años el independentismo catalán”.
Coacción a las familias
Gascó ha manifestado que “el decreto es un chantaje a las familias, una coacción y una extorsión porque da más inglés a cambio de más horas en valenciano. Si se quiere aprender inglés hay que pasar por el arco de Compromis. El proyecto de decreto establece que se dará de forma automática la certificación en idiomas a los de valenciano. Es un chantaje que condiciona a las familias. Incluso suprime la enseñanza en inglés en infantil desde los tres años, eliminando el avance conseguido en los últimos años, un retroceso, sin ninguna evaluación que lo justifique”.
La portavoz popular ha apuntado que el decreto “aboca a las zonas castellanohablantes a tener peor formación, y no garantiza la igualdad real pues a unos los considera básicos y a los de valenciano avanzados. Esta discriminación no se puede consentir en una sociedad democrática y libre. Se usa la legislación educativa como herramienta política haciendo ingeniería social”.
Beatriz Gascó ha indicado que la norma “generará graves problemas de planificación al establecer seis niveles diferentes sin garantizar la libre demanda de las familias. Es imposible organizar la existencia de programas distintos, sujetos a una “mayoría vinculante” que al final significa que la administración hará lo que le dé la gana. No resulta equitativo que un alumno por ir a una clase tenga más derechos y oportunidades que otro que está matriculado en la clase de al lado. Es una injusticia y un sin sentido”.
Por último, Gascó ha indicado que “es posible la convivencia entre las dos lenguas oficiales en nuestro territorio. El valenciano y el inglés se pueden potenciar pero sin necesidad de penalizar el castellano”.