El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, cree factible una reforma legal que permita a los jueces instructores, en los casos de corrupción política, adoptar medidas cautelares como la suspensión del cargo de la persona imputada.
Magro ha argumentado que esa medida «es una de las reformas que más se está reclamando» en el ámbito de la Justicia, y que ya ha sido defendida por el catedrático de Derecho Procesal de la UNED Vicente Gimeno Sendra. Magro ha concretado que Sendra «proponía la posibilidad de que los jueces de instrucción pudieran adoptar legalmente la medida cautelar de suspensión de cargo de una persona imputada por un delito político. Cosa que ahora no se puede hacer».
Asimismo, ha pedido que se delimiten los delitos de corrupción política y que se creen juzgados especializados, una reforma del Código Penal que, a su juicio, debería permitir una agilización de los procesos judiciales. Magro ha hecho esta reflexión durante una rueda de prensa para valorar el premio ‘Calidad de la Justicia’ otorgado por el Consejo General del Poder Judicial a su proyecto por «mejorar la justicia y hacerla más accesible» a través de la Oficina de Medidas Alternativas.
AGILIZACIÓN DE LOS CASOS
El presidente de la Audiencia de Alicante ha añadido que al frente de esos nuevos juzgados debería haber magistrados especializados «para darle más contenido a esos órganos judiciales» y con «personal especializado» y concentrar «en un solo juzgado este tipo de casos». A su juicio, ello agilizaría la tramitación de esos casos «y nos llevaría a una pronta solución. Bien para que se archive, o bien para que se abra juicio oral».
Asimismo, ha solicitado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determine el plazo en el que «se tiene que tramitar los delitos que se instruyen». En ese sentido, ha afirmado que, «el plazo de un año» es un tiempo «prudencial» para que se tramiten los delitos que «crean mayor alarma social».
Magro ha afirmado que «no es buena la lentitud» en la resolución de este tipo de casos porque «va en detrimento» de la imagen de la Justicia y «también pone en entredicho a una persona por unos delitos que, a lo mejor, no se han cometido. Porque la presunción de inocencia está por encima todo y tiene derecho a que se archive el asunto o a que se le juzgue».