En el PSPV tienen una cita inminente que ha relegado todos los demás asuntos de la agenda institucional. Los socialistas valencianos rompieron las negociaciones con el PP para los nombramientos del Síndic de Greuges y los miembros de otros órganos de la Generalitat. Pero el asunto sólo ha quedado en ‘stand by’ hasta que el 9 de marzo se elija al candidato de la oposición a las elecciones autonómicas y el partido aclare su posición hasta mayo de 2015.
La semana pasada el portavoz socialista en Les Corts, Antonio Torres, anunció a su homólogo en el PP, Jorge Bellver, que su grupo no apoyaría la renovación de José Cholbi como Defensor del Pueblo valenciano. El PSPV iniciaba así una estrategia para, en caso de llegar a la presidencia de la Generalitat, no verse hipotecado por el control de los populares en las instituciones estatutarias.
Pero, según fuentes del PP, pocas horas después el propio Torres mostró su predisposición al diálogo. Eso sí, desde el grupo socialista especificaron que, en cualquier caso, las negociaciones no se retomarían hasta finales de marzo.
Es decir, hasta después de las primarias abiertas para elegir al candidato socialista a la Generalitat y se aclare la situación del partido. La posibilidad de que el alcalde de Faura, Toni Gaspar, ganara la elección dejaría al PSPV en una situación de bicefalia que, en otros momentos, ha generado cierta confusión.
A ello se une que, después del pulso de los socialistas, el PP no se fíe de otros posibles cambios de rumbo y exigirá que, de celebrarse una reunión, ésta sea ‘con testigos’. Es decir, con la presencia de los secretarios generales de ambos partidos, que ejerzan de notarios y certifiquen ante sus respectivas formaciones los posibles acuerdos a los que se llegue. El PSPV afirma que su postura es la misma que la del secretario general, Ximo Puig.
Sobre la mesa, al menos, no hay tabúes. El PSPV está dispuesto a hablar de todo lo que proponga el PP, y más. En concreto, no descartan negociar una rebaja en el número de diputados, de 99 a 79, si en el paquete también se incluye una reducción de altos cargos y de responsables de empresas públicas. Sin olvidar la financiación autonómica y el principal escollo en este asunto: la reclamación de la deuda histórica.