El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Generalitat contra la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016. Concretamente, el recurso se refiere a las secciones y capítulos relacionados con las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado, los sistemas de financiación de entes territoriales y el fondo de suficiencia global.
Así, se acuerda dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso y al Senado, así como al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, presentó el pasado 28 de enero el recurso de inconstitucionalidad por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
El principal motivo es que los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio «mantienen unos ingresos insuficientes para mantener nuestros servicios públicos fundamentales» –sanidad, educación y servicios sociales-, a pesar de que «la Constitución establece que deben estar suficientemente financiados», destacaron desde el Consell. Además, indicaron las mismas fuentes, en la reforma del sistema de financiación de 2009 se fijó un fondo de suficiencia global para «ajustar las diferencias» entre las autonomías, pero éste «no corrige la insuficiencia que tenemos en servicios públicos fundamentales» los valencianos, dado que a la Comunitat Valenciana «le cuesta dinero».
Del mismo modo, la Generalitat recordó que el sistema de financiación tiene una vigencia quinquenal, por lo que en 2013 tenían que haber comenzado las negociaciones con las comunidades autónomas para actualizarlo, pero no se ha hecho. Así, «en 2014, 2015 y ahora en 2016 se ha prorrogado unilateralmente por parte del Gobierno sin contar con las comunidades autónomas».
En concreto, el recurso se dirige contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016. En concreto, la iniciativa reclama al Tribunal Constitucional la anulación de las previsiones de saldo del Fondo de Suficiencia regulado en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, que se desarrollan en varias secciones y programas anexos.
El cálculo del fondo de suficiencia realizado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos indica que la Comunitat Valenciana debe ingresar al Estado en 2016 un total de 1.329,53 millones de euros. Pero no se trata de una cantidad a devolver al final del año, ya que el Ejecutivo central la descuenta de su previsión de entregas a cuenta a la Generalitat para el presente ejercicio, que queda fijada en 7.875,24 millones de euros.
En cifras
Si el Constitucional atendiese la reclamación valenciana, la financiación de la Comunitat procedente de las transferencias estatales debería aumentarse en esos 1.329,53 millones de euros. Esa cantidad es la misma que la insuficiencia financiera que reconoce la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2016.
El pasado 3 de diciembre, Ximo Puig ya avanzó en la sesión de control del pleno de las Corts que iba a proponer al pleno Consell que iniciara al procedimiento para presentar un recuso de inconstitucionalidad contra los PGE y, asimismo, anunció que el Gobierno valenciano recurrirá por la vía contencioso-administrativa «los actos que, por acción u omisión, atentan contra la igualdad de los valencianos».