La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado el procesamiento de tres exconsellers de la etapa del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps –Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera– y otras 24 personas más por adjudicaciones desde diferentes departamentos de la Generalitat a empresas del Grupo Correa, mayoritariamente a Orange Market S.L.
De esta forma, el tribunal valenciano ha desestimado los recursos interpuestos por 17 de los procesados contra el auto del juez instructor, José Ceres, en el que se ponía fin a la instrucción de la pieza 5 del caso Gürtel, relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ y otras sociedades del Grupo Correa, según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Los procesados que recurrieron el auto fueron la exconsellera de Bienestar Social Alicia de Miguel; los exconsellers de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado; el ex secretario autonómico de Deportes David Serra; el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós; el secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro; la exdirectora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández; y la gerente de la Fundación Luz de las Imágenes, Carmen Díaz.
Así mismo, recurrieron las actuaciones la que fuera gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana Arantxa Vallés; el exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset; Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva); Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE); Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; Patria Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio; María de la Paz Aviñó, quien ocupó un cargo de la Conselleria de Sanidad; y los exresponsables de Gürtel, Mónica Magariños y Felisa Jordán.
En general, los procesados alegaban en sus recursos la inexistencia de indicios suficientes que acreditasen su participación en los hechos, bien por carecer de competencia o de capacidad decisoria en orden a las contrataciones; justificaban la legalidad de los contratos que firmaron; y alegaban genéricamente la falta de indicios racionales de criminalidad.
El tribunal desestima estos argumentos al entender que en las resoluciones dictadas en este caso se expone de forma «detallada y minuciosa» los hechos concretados en las contrataciones y que se imputan a los recurrentes, con expresión de las diligencias practicadas en que se basa.
Así mismo, señala que no le corresponde valorar la credibilidad y el peso de los diferentes testigos, peritos y demás documentación de la causa, ni hasta qué punto cada uno de los recurrentes, de una manera consciente y voluntaria, haya podido participar en cada procedimiento administrativo de contratación con el fin de obtener un beneficio personal o propiciar con su actitud que otro lo obtenga.
Fabra sobre Martínez: «La actitud con respecto imputados y procesados vale para el alcalde de Vall d’Alba y para todos»
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este martes que la actitud del PP con respecto a los imputados o procesados «vale para el alcalde de Vall d’Alba y para todos».
Fabra se ha pronunciado así tras mantener una reunión de trabajo con la Confederación de Empresarios de Castellón al ser preguntado sobre qué va a hacer con el exvicepresidente de la Diputación de Castellón y alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, procesado por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas en la tramitación de la depuradora de Borriol.