La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades en gastos y contratación de la Conselleria de Sanidad desde 2008 hasta 2012, tal y como denunció la Confederación General del Trabajo (CGT). La investigación se extiende también a otras consellerias como la de Hacienda y Administración Pública, y la de Gobernación y Justicia.
El ministerio público ha admitido así la denuncia interpuesta por CGT por presuntos delitos de malversación y prevaricación y ha abierto diligencias de investigación penal, tal y como consta en su escrito, de fecha 13 de junio.
CGT presentó una denuncia en Fiscalía ante las «irregularidades» e «ilegalidades» puestas de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en sus informes anuales sobre la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana desde el año 2008 hasta 2012.
La denuncia va dirigida fundamentalmente contra la Conselleria de Sanidad. Al respecto, recoge que la Sindicatura advierte de una «problemática significativa» en los programas sanitarios desde hace años, y es el volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito presupuestario suficiente.
«Problema» que en el informe de 2012 -agrega en la denuncia- la Sindicatura advierte de nuevo y analiza la «solución» adoptada por el Consell, y es que se decidió pagar las facturas correspondientes a esos gastos realizados sin consignación presupuestaria y «vulnerando flagrantemente la legislación de contratación administrativa por medio del mecanismo extraordinario de pagos puesto en marcha por la Administración del Estado».
Al respecto, CGT entiende que se ha vulnerado «flagrantemente» la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat a sabiendas cuando se ha tramitado el pago de facturas por importe de 1.864,3 millones de euros -en el año 2012- sin la perceptiva fiscalización de la Intervención General de la Generalitat.
Así mismo, el sindicato incorpora en su denuncia que la Sindicatura advierte desde 2008 de que las compras de medicamentos y material sanitario, por sus características de cuantía, plazos, proveedores, etc, deberían ser objeto de un tratamiento de contratación ordinario en cuanto a la publicidad, procedimiento y forma de adjudicación. Observó que en algunas compras por el mismo objeto y al mismo proveedor se superó el importe de los contratos menores.