La Generalitat Valenciana defendió ayer las compras que la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, Esther Pastor, ha cargado a las arcas públicas. Fuentes de la Conselleria de Presidencia explicaron que se trata de gastos que Pastor ha realizado en el ejercicio de las funciones «correspondientes al cargo», y no para su beneficio personal. Las mismas fuentes aseguraron que la administración acreditará ante el juzgado la documentación que justifica «debidamente» esos pagos.
Y es que en sede judicial ya se está dirimiendo otro asunto que afecta a la número dos de Alberto Fabra, después de que el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia haya admitido a trámite una querella del sindicato Manos Limpias contra Esther Pastor por un presunto delito de malversación al haber pagado, supuestamente, noches de hotel con fondos públicos. Ahora este colectivo ampliará la querella por la filtración de varias facturas de una tienda de alimentación por valor de casi 3.000 euros entre 2012 y principios de 2013, cuando era directora general de Organización.
Se trata, según Presidencia, de compras «absolutamente normales» de las que debe hacerse cargo la persona que ocupe el puesto de intendencia y tenga a su cargo el comedor del Palau de la Generalitat, en el que el presidente Fabra celebra almuerzos oficiales con otras personalidades. Lo que se compra con este fin «no se lo lleva nadie a casa», afirmaron estas fuentes.
Por otro lado, la Generalitat anunció que ampliará la denuncia presentada en su día ante la Fiscalía por la «constante divulgación de documentos filtrados» y reforzará la investigación interna por si desde la institución alguien ha podido cometer un delito de «infidelidad en la custodia de documentos y revelación de información».