La síndica de Greuges de la Comunitat Valenciana, Emilia Caballero, ha remitido a la Conselleria de Bienestar Social un total de 14 recomendaciones para mejorar la seguridad jurídica de los menores bajo la tutela o guarda de la Generalitat con disfunciones graves de conducta.
En un comunicado, la institución ha informado que a través de la queja presentada por una ciudadana, se ha tenido conocimiento de que la Conselleria de Bienestar Social ha procedido a la especialización de las plazas en centros de protección de menores con la creación de plazas de formación especial y terapéutica destinada a menores de edad, entre los 12 y 17 años, que se encuentran en situación de desprotección social y están bajo la tutela de la Generalitat, y presentan disfunciones graves de conducta. Se trata de menores que «requieren necesidades especiales de intervención».
De esta manera, la síndica ha señalado que la Administración autonómica tiene capacidad competencial para «regular el funcionamiento de estos centros y no quedar pendientes a la anunciada normativa estatal».
Así, el informe presentado por Caballero presta especial atención a la supuesta especialización del personal en los centros que acogen a estos menores porque, a su juicio, se ha comprobado que la incorporación de figuras profesionales sanitarias como psiquiatría o enfermería se ha hecho «en detrimento de otras figuras profesionales de atención especializada ya existentes en los centros como psicólogos o trabajadores sociales.
Además, ha subrayado que el número de educadores, habiendo aumentado en número de menores, ha disminuido en especialización, al no exigirse, para la cobertura de al menos en 50 por ciento de los puestos, la titulación de educador especializado.
PLAN INTEGRAL
La Sindica de Greuges, ha considerado que limitar la atención de estos menores, a la creación de centros en los que la especialización venga claramente acompañada de medidas de contención y de restricción del derecho a la libertad, «no puede ni debe ser la única medida».
Por ello, ha recomendado a Bienestar Social la elaboración de un Plan integral de atención a menores con problemas de conducta que contenga medias de atención en medio abierto, requiriendo de la implicación de otras administraciones competentes principalmente Sanidad y Educación.