Las Corts Valencianes han aprobado este miércoles con los únicos votos del PP a favor la Ley de Puertos de la Generalitat con la que busca dotar de «mayor simplicidad, transparencia y eficacia a la regulación de estas materias y conciliar seguridad jurídica, desarrollo y sostenibilidad«. Desde la oposición, sin embargo, han cuestionado la oportunidad de esta norma y la necesidad de hacerlo ahora porque está encima de la mesa la Ley de Ordenación del Territorio, cuya tramitación consideran que debería ser previa a la de Puertos.
Esta normativa contiene la regulación general del dominio público portuario de la Comunitat, que cuenta con 454 kilómetros de costa y 37 puertos deportivos. Entre las particularidades de esta ley, la planificación portuaria se concibe en un sistema de doble ordenación, la estructural y la funcional.
En cuanto a la estructural, se prevé la posibilidad de redactar un Plan de Infraestructuras Portuarias de la Comunitat, con el carácter de plan de acción territorial de carácter sectorial y, cuando de manera excepcional fuera necesario por constituir una reordenación integral del puerto, un Plan Especial de Ordenación Portuaria.
En la segunda se regula la herramienta fundamental de la ordenación dentro del sistema portuario de la Generalitat, mediante un instrumento de delimitación de los espacios y usos portuarios y se establece el régimen de las obras portuarias. La planificación portuaria se considera en su carácter supramunicipal y en la incidencia que ese carácter debe tener en la ordenación territorial y urbanística, en plena sintonía con la legislación autonómica en la materia.
Además, en las tasas por uso y ocupación de espacios en los puertos de la Generalitat se establece un método que parte de la actividad y ocupación efectiva para determinar el importe de la tasa. Este sistema general contempla como excepciones la tasa por primera venta de pescado y por instalaciones náutico-deportivas, con criterios de cuantificación igualmente objetivos y diferenciados.
Desde los grupos de la oposición, el socialista Francesc Signes ha criticado que esta norma «no responde ni a criterios de necesidad y oportunidad» y que sea un «mal plagio» ley Puertos de Estado. Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís, Juan Ponce, ha advertido de que la norma del Consell «pretende liberalizar en parte el dominio público marítimo costero y esto supone una hipoteca de futuro».
«Deja la puerta abierta a la iniciativa privada para hacer nuevos puertos», ha continuado Ponce, quien en este sentido, ha advertido de que «abre la puerta a que actuales clubes náuticos, actualmente sin ánimo de lucro, pueda pasar a entidades con ánimo de lucro».
Por su parte, el diputado de EUPV Lluís Torró, ha cuestionado la oportunidad de la ley ya que considera que primero debería aprobarse la Ley de Urbanismo. Asimismo, ha señalado que en materia de medio ambiente, la ley autonómica hace referencia a normativas genéricas, «cuando los puertos tienen problemas muy concretos a los que no se hace referencia en estas normas».
La diputada del PP María Fernanda Vidal, en respuesta a algunas de las críticas de la oposición, ha afirmado que la norma autonómica, «siendo muy parecida a la estatal cubre las necesidades de la Comunitat».
En cuanto a las tasas, ha declarado que esta es una ley «muy barata» y, en lo que se refiere a los clubes náuticos, ha afirmado que esta ley se ha pactado con estas entidades . «Con esta ley hemos escuchado a clubes náuticos, a pescadores», ha agregado.