Las Corts han aprobado la ley de Participación y Colaboración Institucional, con el apoyo de PP, PSPV y EUPV y la abstención de Compromís, que otorga un marco a las relaciones jurídicas de participación y colaboración institucional, regulando su contenido y las ayudas que se les otorga por su participación en las instituciones. Con este texto, las organizaciones que perciban estas ayudas y subvenciones deberán justificarlas.
El debate lo han seguido desde la tribuna de invitados del hemiciclo representantes de Cierval, organizaciones sindicales de UGT y CCOO, así como de los trabajadores autónomos.
La norma distingue como participación institucional la representación e intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los órganos de la administración de la Generalitat, con competencias en materia laboral, social, económica e industrial, que afecten a los intereses económicos y sociales de los trabajadores y los empresarios.
Asimismo, establece el régimen de compensación económica y de ayudas por la participación institucional, acudiendo al criterio de mayor representatividad, que en el caso de la Comunitat recae en Cierval, CCOO y UGT. Además, se ha incluido a los autónomos en los distintos foros institucionales pero se ha dejado fuera al resto de organizaciones sindicales de la Comunitat, que aglutinan más del 20% de la representación.
Desde la oposición han coincido en la necesidad de esta ley y se han congratulado por su aprobación porque es un «avance en el reconocimiento de organizaciones imprescindibles en la sociedad», como ha señalado la síndica adjunta de EUPV, Marga Sanz. Sin embargo, también han señalado desde la oposición que es «mejorable».
Los presupuestos de la Generalitat para 2015 prevén una dotación para participación institucional de 5,3 millones, aunque fraccionados en diferentes capítulos. En este punto, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha advertido de que es un «engaño» porque se basa en unas cuentas «falsas», tal y como denunciaron en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para este año.
La diputada del PSPV Cristina Moreno ha apuntado que el origen de esta ley tuvo lugar en 2012, «cuando el Consell estaba acorralado por las deudas y sindicatos y patronal les acusaban de morosos», por lo que no la concibieron «pensando en la concertación social», sino en respuesta a esas críticas, ha dicho. Además, ha apuntado que «somos de las últimas comunidades en aprobar una ley de participación, a pesar de que el Consell tenía un compromiso desde 2008».
Finalmente, ha señalado que el apoyo de los socialistas al texto es un «reconocimiento» al trabajo de las organizaciones empresariales y sindicales por la concertación social. En este sentido, Marga Sanz ha apuntado que la representación «no sirve sino cumple funciones de participación, como no sirven los ‘pavaces’ que se renuevan sin haberse cumplido y para ello es fundamental el papel de las organizaciones sindicales y empresariales para hacer seguimiento de este tipo de acuerdos».
RETIRADA DE LA LLAMADA AL ORDEN
La socialista Cristina Moreno ha hecho su última intervención como diputada tras varias legislaturas en la Cámara autonómica y ha aprovechado para despedirse de sus compañeros. En atención a este hecho, el presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora, le ha comunicado que le retiraba la llamada al orden que le había imputado en el punto de debate anterior, «para que no conste en acta» en su última sesión plenaria.