Según los centros consultados por este periódico, ya desde el mes de diciembre de 2013 comenzó la recepción de cartas con la resolución de la Generalitat que informaba del dinero que debían de pagar por usar los mencionados servicios de Bienestar Social que, hasta ahora, utilizaban de forma gratuita. Es el conocido como “copago” de los discapacitados, y las cuantías que figuran en las cartas pueden superar los 700 euros al mes en 14 mensualidades, cada uno en función de su capacidad económica.
La nueva tasa a las personas con discapacidad no dependientes que recurren a centros de día y talleres ocupacionales afectará a 2.862 valencianos (el 58,7% de los 4.877 de los usuarios totales de estos centros), según los datos facilitados por la Conselleria de Bienestar Social.
Por otra parte, el 41,3 % (un total de 2.015 personas) quedará exento de pago por tener una renta mensual inferior a los 532 euros según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Un 30,7 % de los discapacitados (1.498 personas) pagará entre 53 y 100 euros al mes en un total de 14 mensualidades. Otro 25,1 % de usuarios (un total de 1.228) abonará entre 100 y 500 euros al mes. Por último, un 2,8 % de discapacitados (136 ciudadanos) soportarán un copago mensual superior a los 500 euros y con un tope máximo de 729,02 euros.
La medida, como era de esperar no ha sentado demasiado bien al colectivo, que el próximo día 8 de este mes de enero tiene previsto presentar recursos individuales de alzada que impugnen la resolución de la Administración Autonómica y que soliciten la paralización del acto administrativo. También tienen previsto instar al Síndic de Greuges a que recurra el decreto de copago por indefensión de los afectados, pedir la intervención de la Fiscalía, solicitar por escrito al Presidente de la Generalitat que frene la medida y, por último, se escribirá una carta de auxilio a la Reina Sofía, como presidenta de honor del Real Patronato sobre la Discapacidad, para que interceda ante esta medida.
Los afectados, consideran que para establecer los copagos se ha tenido en cuenta el coste del servicio y la renta del discapacitado, que incluye también las propiedades del usuario, como inmuebles o rentas. En este sentido, muchos padres optaron en su momento por poner a nombre de sus hijos todas sus propiedades con el fin de garantizarles un futuro “pero –según indican- eso no significa que la persona discapacitada tenga mucho dinero”.
Como todas las historias, ésta también tiene un reverso. Así, algunos trabajadores de centros también reconocen que, en algunos casos, dentro de las familias existe picaresca y la trasmisión de bienes a los discapacitados se ha realizado para escapar del fisco y que en casos de familias con muy pocos recursos la “paga” del discapacitado se utiliza como un ingreso más de la familia destinado a gastos comunes “cuando estas personas, necesitan que ese dinero vaya destinado a ellos mismos”.
Así, señalan que las personas con discapacidad “necesitan interactuar con otros adultos y salir a aprender o a trabajar” y que, al igual que nadie sacaría a un niño del colegio porque tuvieran que pagar algo más, los discapacitados deben invertir sus rentas en este tipo de centros porque, de lo contrario, “sufren un retroceso evidente”.