La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, afirmó que «no hay que tener miedo» a los debates sobre los aforamientos o la modificación de competencias de la sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano para intentar gestionar «mejor» los asuntos de corrupción.
De la Oliva se pronunció de esta forma durante su intervención en la Apertura del Año Judicial este viernes, donde ha estado acompañada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; el presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora; el fiscal superior del TSJCV, Antonio Montabes, y otras autoridades y representantes de la justicia.
En su intervención, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, se refirió a la corrupción, y señaló que la concentración de estos asuntos en el TSJCV es una situación «excepcional», que «ha provocado encendidos debates sobre algunas modificaciones que convendría abordar para gestionar mejor las situaciones que se derivan de este tipo de pleitos».
Así, recordó que hay personas que abogan por modificar las competencias de las salas Civil y Penal y eximirlas de instruir y enjuiciar los asuntos que afecten a un tejido político «del que depende económicamente en muchas casos», como consecuencia de las transferencias competencias, «y con el que se debe relacionar».
Mientras que, por otro lado –dijo-, hay quienes defienden la supresión de los aforamientos para evitar que sea una sala de rango superior la que afronte la instrucción y/o el enjuiciamiento.
Ante ello, aseveró que «no hay que tener miedo a los debates» y, a su entender, «hay que estar abierto a la discusión y hay que escuchar los argumentos sin perjuicios». «Tenemos entre manos un servicio esencial, importantísimo, que debemos poner en constante proceso de mejora. La ambición debe estar viva. Necesitamos esa ambición como un motor de mejora», sentenció.
Y para ello solicitó las «mejores condiciones» de trabajo. La corrupción, indicó, es «difícil» de destapar, y «la sofisticación de muchos de los delitos que la acompañan hace muy difícil, en ocasiones, pasar de los indicios a las pruebas».
Para que ello ocurra, ha abogado por una «apuesta inequívoca» a favor de la lucha contra una delincuencia «que se ha servido del amparo del propio Estado para materializarse». Así mismo, reclamó «voluntad política»: «Nuevas leyes, procedimientos revisados, informatización de última generación, policía experta a disposición de los jueces y magistrados, un número aceptable de funcionarios, son algunas de las carencias más urgentes».
Al respecto, comentó que «no disponer de esos medios, solo retrasa lo inevitable», y ha agregado: «La confianza en que nuestro trabajo es un trabajo sin hipotecas forma parte de esa riqueza. La única alianza posible es la consecución del noble fin de impartir justicia de forma impecable. Poner obstáculos a ese noble fin solo perjudica a quien lo intenta, aunque pudiera parecer cosa distinta».
FALTA DE MEDIOS
Por otro lado, De la Oliva remarcó la «falta» de medios en justicia, y ha aostilló que no se ha alcanzado «una situación aceptable». «Claro que se han hecho esfuerzos, pero no ha sido, no es suficiente».
Puso como ejemplos que se podría reducir la espera de seis meses por un despido; de dos años en un señalamiento de un asunto penal en Paterna o en Gandia; o disminuir extraordinariamente los casi 12 meses que hay que esperar para contar con un informe de los equipos psicosociales que se necesitan para decidir sobre una custodia compartida, o los 18 en la tramitación de una demanda por impago.
De la Oliva aseguró ser «consciente» de la situación económica de las administraciones públicas, pero ha pedido que el servicio de justicia sea considerado «tan prioridad» como la sanidad y la educación. «Puede que, en efecto, no sean tiempos de crear juzgados. Pero la inspección del Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en 80 los nuevos órganos que deben crearse en la comunidad. Podemos discutir la cifra».
Por ello, insistió en que la justicia sea considerada igual que la sanidad y la educación: «Pilar fundamental de un estado social de derecho como es éste». Y ha reiterado: «Hablemos, busquemos nuevas fórmulas, hagamos un esfuerzo serio, conjunto, por alcanzar las mejores maneras de optimizar los recursos de que disponemos», ha agregado.
EN FISCALÍA
Por su parte, Antonio Montabes repasó los últimos datos en cuanto a diligencias abiertas en Fiscalía en el año 2013, y ha solicitado también más medios. En concreto, propuso un aumento de plantilla, puesto que el ratio funcionario-fiscal que hay en la comunidad «es de los más bajos de España», y comentó que algunas fiscalías no tienen tramitadores, «lo que es malo para la justicia y para el ciudadano».
También se refirió a las sedes de Fiscalía de Alcoi y de Gandia. Respecto a la primera, comentó que no reúne unas condiciones mínimas para trabajar, y actualmente –ha recordado– se está a la espera de un acuerdo entre la Conselleria y el Ayuntamiento para disponer de un local con «las condiciones adecuadas».
En cuanto a la sede de Gandia, el fiscal superior señaló que el conseller de Justicia prometió un nuevo emplazamiento, y ha mostrado su deseo de que se encuentre un local adecuado «en un corto plazo de tiempo». También se ha referido a la «necesaria» rehabilitación de las instalaciones en la Fiscalía de Benalúa.