El cerco se estrecha sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras su segunda imputación judicial, en este caso por presuntas irregularidades en el Plan Rabasa, que se suma a la que ya existía por la redacción del Plan General de ordenación urbana (PGOU), siempre en favor del empresario Enrique Ortiz.
A una semana y un día del pleno ordinario municipal que más expectación mediática ha provocado en los últimos tiempos, el futuro de la primera edil es toda una incógnita. Acorralada por la oposición y abandonada a su suerte por la cúpula autonómica de su partido, todo apunta a que su salida del Ayuntamiento es inminente. Sólo cuenta con el respaldo de su núcleo duro y más próximo que le aconseja resistir.
De momento, la agenda de la alcaldesa se ha reducido a la mínima expresión. Pero en el horizonte asoman dos actos en los que la cúpula del PP no desea ver a Castedo: los actos conmemorativos del 9 de octubre y, sobre todo, la inauguración de la Volvo Ocean Race, la regata de la vuelta al mundo cuya salida será apadrinada por el Rey Felipe VI.
Desde el Consell el mensaje en claro. “La línea roja está marcada yno habrá, tal y como lo ha dicho el presidente Fabra, imputados por casos de corrupción en las próximas elecciones”, ha señalado en las últimas horas Isabel Bonig, coordinadora general del PPCV y consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
El presidente, Alberto Fabra, también ha sido contundente. «Un cargo público debe ser un ejemplo para todos los ciudadanos”, ha señalado Fabra, quien ofrece una salida a Castedo al recordar que debe ser ella “la que valore lo que significa para ella y para la institución esta situación”. “No va a haber ninguna persona que esté imputada por casos de corrupción en las listas”, insiste el jefe del Consell.
La oposición no da tregua. Por fin intuye que la alcaldesa está débil y se ha lanzado con furia para precipitar su caída. El PSPV ha llegado a pedir a sus abogados que valoren la opción de pedir prisión provisional para la primera edil ante el riesgo que pueda destruir pruebas. EUPV, cuya denuncia fue clave para el proceso, lleva pidiendo días la «dimisión inmediata», ya que considera la situación «inadmisible». También UPyD ha solicitado a Castedo que abandone el cargo por una cuestión «de coherencia democrática».
También comienza a perder Castedo la batalla de la calle. La alcaldesa del pueblo y de las redes sociales ya no tiene el apoyo mayoritario con el que contaba años atrás. Su populismo se ha agotado tras la segunda imputación judicial. El hashtag #Castedodimisión marcó tendencia el pasado domingo en toda España, llegando a situarse en lo más alto. También han inundado las redes sociales múltiples montajes fotográficos en los que se vaticina un futuro entre rejas para la alcaldesa.
Además, para el día del pleno se está organizando una concentración ante el Ayuntamiento de Alicante con la que demostrar el descontento ciudadano con la alcaldesa. Citando la célebre novela de Juan Mercé, Alicante se prepara para vivir sus últimas tardes con su alcaldesa. Al menos bajo las siglas y el apoyo del PP.