La Generalitat ha detectado que la anterior Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio Ambiente gobernada por el PP recibió del Ministerio de Fomento 16,5 millones de euros en ayudas a la vivienda que nunca se han pagado a los beneficiarios.
Así lo ha explicado la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, quien ha lamentado que, tras encontrar en los cajones y sin resolver miles de expedientes de ayudas a la vivienda por un importe de 60 millones de euros, la actual Conselleria ha estado trabajando «incansablemente para sacar a la luz todo lo que hay detrás de todo este desbarajuste y ha constatado que el anterior equipo directivo, dirigido por la consellera Isabel Bonig, justificó indebidamente ante el Ministerio de Fomento ayudas por importe de más de 16,5 millones de euros».
Cifra provisional
Una cifra que, ha asegurado Torró, «es provisional, desgraciadamente, ya que continuamos analizando más datos, y es previsible que esta cifra aumente». Asimismo, ha denunciado que se trataba de «expedientes de ayudas a personas que aún no han visto ni un euro, pero que la anterior consellera justificó ante el Ministerio como resueltos y pagados».
Por un lado, según ha explicado la directora general, la conselleria dirigida por Bonig justificó ante el Ministerio 7,8 millones de euros «con las famosas resoluciones 501, sobre las que, en ese momento, el Gobierno valenciano del PP ni había reconocido el derecho, ni había pagado, ni iba a pagar nunca». Torró ha recordado que estas resoluciones fueron reconocidas por la consellera María José Salvador en los primeros días del nuevo Gobierno, por lo que estos ciudadanos tienen ahora el mismo derecho a cobrar la ayuda que el resto.
Por otro lado, también se ha comprobado que otros 8,7 millones de euros se justificaron con expedientes que los servicios territoriales de la conselleria dejaron de tramitar ante la instrucción de la anterior consellera Isabel Bonig de denegarlos, cualquiera que fuera la fase en que se encontraba la tramitación.
Ahora, la Conselleria de Vivienda ha remitido toda esta nueva información a Intervención General para que sea valorada y determine las actuaciones que deban llevarse a cabo para la defensa de los intereses públicos, incluyendo, en su caso, la exigencia de responsabilidades por parte de quien haya podido ser responsable de cualquier actuación irregular perseguible.
Convenio con el Ministerio
Estas ayudas corresponden a la promoción de viviendas protegidas en venta y alquiler, ayudas a inquilinos, adquisición de vivienda, rehabilitación y suelo, que están incluidas en los planes estatales de los periodos 2005-2008 y 2009-2012. De hecho, el Ministerio y la Generalitat firmaron un convenio en el que se establecía una cofinanciación de las ayudas entre las dos Administraciones.
En los convenios firmados se especificaba que el Ministerio ingresaría anticipadamente la parte de las ayudas previstas correspondientes a su aportación y que, posteriormente, la Generalitat justificaría el pago efectivo de las mismas. Es decir, una vez pagadas las ayudas.
En este sentido, Rebeca Torró ha destacado que «mientras la anterior consellera firmaba la instrucción para resolver desfavorablemente las ayudas o no las reconocía, se estaban utilizando estos mismos expedientes para justificar el dinero recibido ante el Ministerio y se estuvieron justificando indebidamente casi hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno valenciano». De hecho, la última reunión fue 10 días antes de la toma de posesión del nuevo President.
Depurar responsabilidades
Por ello, la directora general de Vivienda se pregunta «dónde está el dinero recibido por el Ministerio para unas ayudas que nunca llegaron a los ciudadanos, muchos de ellos en una situación desesperada». Para Torró, «lo más grave de todo es que no han cobrado, pero su dinero sí que los transfirió el Ministerio a la Generalitat». Asimismo, ha señalado que «estamos ante un caso sangrante, producto de la caótica y negligente gestión del PP valenciano y que va a tener, seguramente también, consecuencias económicas muy graves para la castigada Hacienda valenciana».